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Alaya cita a declarar a Antonio Rivas el 7 de febrero, tres años después de ser imputado en los ERE

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha citado a declarar al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas el próximo día 7 de febrero, es decir, tres años después de su imputación en la causa, que se produjo el 20 de enero de 2011, según han informado a los periodistas distintas fuentes del caso.
Y es que la magistrada ha fijado un nuevo calendario de declaraciones en el que cita también, el 25 de febrero, a cuatro peritos de la Intervención General de la Administración del Estado a fin de que ratifiquen el informe pericial en el que cuestionan el uso "indebido" del "inadecuado concepto" de las transferencias de financiación por parte de la Junta para dar subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis a cargo del programa 31L y discrepan de las conclusiones elaboradas en su día al respecto por la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Rivas fue imputado al comienzo de la investigación junto al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero en relación al ERE de Mercasevilla, y de hecho fue llamado a declarar en julio de 2012, aunque finalmente la comparecencia fue suspendida.
El retraso de la magistrada en llamarlo a declarar motivó que su abogado defensor, Jon Ander Sánchez, elevara un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el 2 de abril de 2013 en el que se quejaba de que, tras ser imputado, su cliente llevaba --en esa fecha-- 804 días imputado sin que se le hubiera tomado declaración.
En este escrito, el letrado criticaba que esta situación "no es admisible en un Estado que se autodenomina de Derecho", señalando que la instructora le atribuye "un total y absoluto conocimiento" de cuestiones que "en absoluto pueden considerarse probadas o acreditadas ni tan siquiera indiciariamente, como se afirma por la juez, constituyendo meras conjeturas o suposiciones que de ningún modo justifican el mantenimiento 'sine die' de la posición jurídica de imputado" en la que se encuentra.
Frente a ello, la juez considera que Antonio Rivas "se constituye en el portillo de entrada de la concesión irregular de las subvenciones en la Junta, de este dispendio presuntamente generalizado y descontrolado que se ha producido desde la Administración autonómica", por lo que le imputa no sólo todo lo relacionado con el ERE de Mercasevilla sino también con los expedientes de Calderinox, Surcolor y Aglomerados Morell.
Según la juez, Rivas "asumió ante los empresarios compromisos de ayudas públicas sabiendo, porque él asistía a los consejos de Dirección ampliados de la Consejería de Empleo, que éstas se otorgaban con absoluto desprecio al derecho, al margen del procedimiento de subvenciones y del control de la Intervención de la Junta a través de las llamadas transferencias de financiación, y que se autorizaban con carácter general y sin la menor transparencia, siempre que los solicitantes vinieran de la mano de algún interlocutor de la Administración, como era él mismo".
"Es cierto que no tenía capacidad para conceder subvenciones, pero actuaba de esta forma asumiendo tales compromisos de ayuda porque sabía que la Consejería de Empleo los refrendaría definitivamente a través de los criterios de laxa actuación expuestos" por Francisco Javier Guerrero en su declaración judicial, donde "expuso que las subvenciones se concedieron en virtud de criterios discrecionales, a personas o empresas que por un motivo u otro estuvieran próximas a la Administración", asevera Alaya.
"GRAN CAPACIDAD DE INFLUENCIA EN SUS SUPERIORES"
Al hilo de ello, la magistrada asegura que Rivas "sabía indiciariamente durante la mayor parte del ejercicio de su cargo que él tenía gran capacidad de influencia en sus superiores, y que en definitiva lo que prometía lo conseguía, pues además se caracterizaba por hacer un intenso seguimiento a tales compromisos".
Recientemente, en concreto el pasado verano, la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó su imputación por autorizar los ERE de Mercasevilla de los años 2003 y 2007 y permitir la inclusión de tres 'intrusos', entre ellos su cuñado, José Antonio Márquez Sánchez, Antonio Garrido Santoyo --miembro de la ejecutiva local socialista de Baeza (Jaén)--, y Antonio Rivera Martín, que fue "contratado el mismo día de su inclusión" en el ERE.
El imputado había solicitado el archivo de las actuaciones por entender que no concurren indicios suficientes para imputarle hecho delictivo alguno, pero el tribunal subraya que "la autorización de dos ERE para la misma empresa y las mismas causas prestada por el imputado en ese breve espacio de tiempo, por sí misma constituye un indicio más que suficiente para profundizar en la investigación de los hechos que se imputan, máxime si se tiene en cuenta que en el ERE de 2007 autorizó la inclusión" del mencionado Antonio Rivera Martín.
LA CONDENA POR LA 'MORDIDA' EN MERCASEVILLA
Hay que recordar que Rivas fue condenado al pago de una multa de 600.000 euros y 21 meses de inhabilitación por solicitar una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de Mercasevilla.