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Alaya cita a Mellet, el 'intruso' del ERE de 2007 de Mercasevilla y un comercial de Vitalia

La juez Mercedes Alaya ha citado para el martes 23 de abril y en calidad de imputados, al ex director general de la sociedad Mixta Mercasevilla Fernando Mellet, al exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo por su prejubilación en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por esta empresa pese a que no era parte de la plantilla, y a Francisco José González García, antaño comercial de la consultora Vitalia Vida y promotor confeso de la truncada y supuesta inclusión fraudulenta de Carmen Fontela en el ERE de Mercasevilla de 2003.
Todos ellos están llamados a comparecer como imputados a partir de las 10,00 horas del próximo 23 de abril, según han informado a Europa Press fuentes del caso, toda vez que su citación surge después de que la juez, que indaga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, haya recibido de manos de la Unidad Central Operativa (UCO) un nuevo atestado sobre las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo promovidos en 2003 y 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense.
Mellet, recordémoslo, está ya condenado a una multa de 600.000 euros y 21 meses de inhabilitación como autor de un delito de cohecho por haber reclamado comisiones ilegales al grupo hostelero La Raza, a cambio de la adjudicación de una escuela de hostelería promovida por Mercasevilla pero subvencionada por la Administración andaluza.
A PARTIR DE MERCASEVILLA
Mercasevilla juega un papel especial en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, gracias a la cual fueron libradas ayudas arbitrarias a empresas en muchos casos relacionadas con miembros del PSOE y fueron financiados expedientes de regulación de empleo en algunos casos injustificados, en otros irregulares, y frecuentemente incluyendo la prejubilación de personas ajenas a las plantillas de las propias empresas.
Y es que esta macroinvestigación deriva, precisamente, de las irregularidades descubiertas en el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla. El expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue saldado con la prejubilación de 40 empleados, pero sus rentas quedaron en el aire en 2009 al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento en el que además de los trabajadores, fue prejubilado el exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás había formado parte de la plantilla del mercado central de abastos.
En el caso del ERE de 2003, se trató de un procedimiento plenamente autorizado e incentivado por la Administración autonómica, si bien la documentación del procedimiento refleja un supuesto intento de que la vecina de Sevilla María del Carmen Fontela, absolutamente ajena a esta empresa, fuese prejubilada con cargo a la póliza de seguro de rentas asociada a este expediente de regulación de empleo. Fontela, como refleja la investigación, no llegó a ser prejubilada en este ERE, pero sí figuró a todos los efectos en el ERE promovido en 2005 por el restaurante hispalense Río Grande.
DESDE 2003
En el ERE de 2003, según el atestado elevado por la UCO a la juez Mercedes Alaya, fueron también incluidos "de forma irregular" tres trabajadores de la empresa que no cumplían el requisito de la edad, como era tener entre 50 y 64 años, de lo que la Guardia Civil hace responsables a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, a los miembros del comité de empresa y al exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, quien "autorizó un ERE que incluye a personas irregularmente que se beneficiarán de una póliza de seguros financiada por la Junta sin tener derecho".
Respecto al ERE de 2007, el atestado señala la inclusión fraudulenta de Antonio Garrido Santoyo con unas rentas de 441.961,27 euros pese a que jamás había trabajado para Mercasevilla, mencionando que "conocía desde hace muchos años" al exsindicalista jiennense Juan Lanzas, hombre clave en la trama a cuenta de su presunto papel de intermediario entre las empresas y colectivos de trabajadores involucrados en los expedientes de regulación de empleo y la Administración andaluza.
Este último también fue incluido en una póliza vinculada al expediente de regulación de empleo de 2007, lo que "no puede corresponder sino a un intento de pagar una parte de la comisión de éste por su mediación con la Junta para que financiasen las prejubilaciones de los afectados por los ERE de Mercasevilla".