Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Alaya mantiene para este martes las declaraciones sobre Sierra Norte sin responder a la suspensión del fiscal

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares mantiene para este martes las declaraciones como imputados del "tándem" formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, cuyo "entramado societario" en la Sierra Norte de Sevilla recibió 34.264.273,70 euros en subvenciones excepcionales, a pesar de la petición de suspensión planteada por la Fiscalía Anticorrupción.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez Mercedes Alaya no se ha pronunciado hasta el momento sobre la petición realizada por el Ministerio Público, quien solicitó suspender las declaraciones fijadas para este martes de Sayago, Rosendo y Eduardo Manuel Lora.
Según Alaya, Eduardo Manuel Lora "habría participado directamente en la concesión de determinadas ayudas", ya que como administrador "de hecho" de Virgen del Espino "ejercitaría el control de esta sociedad utilizándola para que adquiriera los fondos públicos, aprovechándose presuntamente de las relaciones y tratos de favor que mantendría con los responsables públicos investigados, con objeto de conseguir resoluciones a favor de la citada sociedad".
En un escrito elevado al Juzgado, consultado por Europa Press, el Ministerio Público pidió suspender tanto estas dos declaraciones como las de otros tres imputados de la "trama" de la Sierra Norte hasta que haya una resolución firme sobre su solicitud a la magistrada para que forme una pieza separada en relación a la Sierra Norte y la eleve al Tribunal Supremo por su vinculación con personas aforadas, como el exconsejero de Empleo y actual diputado del PSOE en el Congreso José Antonio Viera.
Así, la solicitud de suspensión de comparecencias judiciales ante Alaya afectaría también a Manuel Valdecantos y Pascual Capputo, citados el 5 de mayo, vinculados al Grupo Barbadillo y que fueron consejeros de Matadero de la Sierra Morena desde el año 2003.
La Fiscalía insiste en su escrito en que, una vez analizado el "extenso" y "detallado" atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la Sierra Norte, sigue entendiendo "ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero", por lo que "a la mayor brevedad se debe proceder a elevar el conocimiento de esta pieza al órgano superior competente atendiendo a la calidad del fuero de alguna de las personas reseñadas en el atestado".
"NO ES PROCEDENTE"
Por todo ello, considera que "no es procedente y por el contrario causa un efecto dilatorio la toma de declaraciones a las personas implicadas" en la trama de la 'Sierra Norte' no aforadas, de manera que solicita la suspensión de las cinco declaraciones señaladas "en tanto en cuanto no se resuelva expresamente" la petición realizada.
Asimismo, y en caso de no ser estimada dicha solicitud para que se forme una pieza separada sobre la Sierra Norte de Sevilla y se eleve al Supremo, Anticorrupción pide que "se mantenga la suspensión durante la tramitación del posible recurso, y en todo caso durante la tramitación del recurso de apelación" interpuesto ante la Audiencia Provincial contra el auto en el que Alaya rechazó la petición de la Fiscalía para que abriera una pieza separada por cada una de las ayudas investigadas.
En este auto, la juez rechazó igualmente elevar al Tribunal Supremo la pieza que se formaría en relación con los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, ya que entiende que "el riesgo de fallos contradictorios constituye más que una mera probabilidad" y "es un peligro obvio, serio e indiscutible que no debe correrse" y que podría derivar en "un auténtico caos procesal".