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La Asociación Española de Fundaciones califica el Anteproyecto de Gallardón de "intervencionista"

Denuncian que denota una gran desconfianza hacia el sector, nutrido mayoritariamente de fondos privados
La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha manifestado este viernes su "rotunda" oposición al anteproyecto de Ley de Fundaciones que ha aprobado el Consejo de Ministros que, entre otras novedades, introduce medidas de lucha contra el fraude como la obligación de contar con una página 'web' en la que publiquen su actividad, cuentas, cargos y subvenciones. Califican la propuesta de "intervencionista" y de suponer un "control excesivo".
La AEF señala en una nota que se trata de una reforma "que el sector fundacional no ha pedido" y que supone un modelo intervencionista por parte de los poderes públicos, pues lleva a un régimen concesional en el que existe una exigencia de autorización previa de actos y negocios jurídicos por parte de la figura del protectorado, "evitando así la fluidez en la gestión de los procedimientos".
Para la AEF de nada sirve una regulación intervencionista sin un protectorado moderno y adecuadamente dotado. En este sentido, recuerda que desde hace veinte años vienen pidiendo la puesta en marcha del protectorado y registro único de fundaciones de competencia estatal, ya previsto en la legislación de 1994, "como la forma más eficaz de respetar la autonomía de funcionamiento y gestión de las fundaciones y la salvaguarda del fin de interés general al que sirven".
Asimismo, la asociación afirma las fundaciones son entidades financiadas mayoritariamente con fondos privados y sirven al interés general, por lo que su peso es muy importante en áreas como la asistencia e intervención social, la educación, la investigación o el medio ambiente.
La AEF reconoce opina que el sector fundacional requiere cierta regulación y supervisión, pero no en la línea que marca esta reforma, que conlleva un régimen de control excesivo para las fundaciones.
"En un momento de falta de financiación y en el que las Administraciones Públicas se han retirado de los fines de interés general, ahora es el tiempo de la sociedad civil. En este sentido, es necesario que se facilite la gestión y que se dirija la atención a dichos fines", continúa el comunicado.
Añaden que "mientras las leyes anteriores han contribuido a dinamizar y potenciar el fenómeno fundacional, como cauce a través del que la sociedad civil coadyuva con los poderes públicos en la consecución de los fines de interés general, la AEF considera que este nuevo proyecto representa un paso atrás, al tiempo que pone de manifiesto una enorme desconfianza hacia el sector".
Según ha informado el Ministerio, la nueva norma nace con el objetivo de garantizar un mejor ejercicio del derecho de fundación y del cumplimiento de las obligaciones que de él se derivan, tanto respecto de la sociedad -a través de los fines que justifican su existencia-, como de las administraciones públicas, al supervisar su actuación y otorgar, cuando corresponde, beneficios fiscales.