La Audiencia ve indicios de muerte violenta del empresario del Raval por "uso excesivo de la fuerza" de los mossos

La Audiencia de Barcelona ve indicios de que la muerte del empresario Juan Andrés Benítez tras ser reducido por los Mossos d'Esquadra en el Raval es una "muerte violenta por el uso excesivo de la fuerza por los agentes" y confirma que sea un jurado popular quien les juzgue.

En un auto del 8 de abril recogido por Europa Press, la Audiencia desestima los recursos de reforma de las defensas de los 10 mossos imputados en este caso, en los que solicitaban que el caso no se tramitara por jurado, y confirma el auto del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona del 13 de diciembre.

Para la Audiencia, es ajustado a derecho que el caso se tramite por jurado porque se trata de una "muerte violenta" y dicho delito es de su competencia, además de que constata que a nivel indiciario esta muerte se ha producido por el uso excesivo de la fuerza de los Mossos, en quienes ve una actuación dolosa o con dolo eventual.

"La calificación parte de un actuar que indiciariamente podría calificarse de doloso por los agentes al menos con dolo eventual, a la vista del resultado lesivo sufrido y del desencadenante de la muerte tras la autopsia practicada", argumenta.

Según constata el auto, la noche del 5 de octubre de 2013 se produjo una actuación en la que intervinieron ocho agentes de los Mossos, de los cuales al menos cuatro han sido imputados por haber participado en la muerte de Juan Andrés Benítez, "al haber realizado una contención desproporcionada y excesiva, no solo en cuanto a la intensidad y en la superioridad numérica, sino también en la extensión temporal".

"Dicha contención así como las lesiones que se apreciaron en la autopsia, junto con otros factores como son la patología cardiaca que el fallecido padecía como el consumo de cocaína en dosis mínimas, provocó la pérdida de conocimiento, la parada cardiorrespiratoria y posterior fallecimiento", prosigue el texto.

La Audiencia también rechaza abrir una pieza separada para los agentes imputados por coacciones y obstrucción a la justicia al haber borrado la mancha de sangre y haber pedido las imágenes a testigos porque "carece de sentido enjuiciar por separado tal conducta que deriva del hecho principal".