Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

CCOO también pide a Catalá que aplace el uso de sistemas telemáticos en los juzgados

Ha pedido a todos los grupos parlamentarios que paralicen la entrada en vigor del "papel cero" prevista para julio
El Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO se ha sumado este martes a las peticiones realizadas desde otros colectivos de este ámbito para que el ministro de Justicia aplace la implantación obligatoria de los sistemas telemáticos de intercomunicación de los juzgados, en vigor desde el pasado 1 de enero, y del expediente digital previsto para el próximo mes de julio, "ante la evidencia de que la inmensa mayoría de los órganos judiciales no disponen de los suficientes medios humanos ni tecnológicos".
El sindicato ha criticado que el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, mostrara ayer en rueda de prensa su optimismo por el funcionamiento de las comunicaciones telemáticas en el primer mes de implantación obligatoria, negando cualquier tipo de problema en las comunidades autónomas gestionadas por el Ministerio y reconociendo solo que en algunos de los territorios con competencias transferidas "está siendo más difícil avanzar".
Estas afirmaciones han causado indignación en la inmensa mayoría del personal que trabaja en los órganos judiciales y fiscales, obligado a convivir con innumerables problemas en la utilización de las herramientas informáticas que, en el mejor de los casos, funcionan con una lentitud exasperante que impiden el desarrollo con normalidad del trabajo habitual, según señala el sindicato en un comunicado.
MULTITUD DE EXTRAVÍOS
Frente a las afirmaciones del ministro, la realidad según CCOO es que desde la implatanción de LExNET puede observarse que el sistema es lento, se "cuelga" con frecuencia y los usuarios carecen de la suficiente información y formación para utilizarlo, no hay personal suficiente para ponerlo en práctica, el personal técnico encargado de solucionar las incidencias es insuficiente; y multitud de documentos se extravían o llegan a destinatarios equivocados.
Además, CC OO critica que prácticamente la totalidad de los escritos remitidos telemáticamente se imprimen a continuación en papel; las instrucciones y protocolos de utilización son "innumerables, dispersas y, en ocasiones, contradictorias" y que la falta de seguridad de su presentación hace que los escritos lleguen en muchas ocasiones a los órganos judiciales por la doble vía de Internet y en papel.
Por otro lado, el sindicato "tampoco admite las afirmaciones del ministro que achaca toda la responsabilidad en los territorios con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia a los gobiernos de estas comunidades autónomas".
"Bien es cierto que los medios materiales y personales son responsabilidad directa de éstas, pero el Ministerio de Justicia, a sabiendas de las deficiencias existentes, nunca debió emprender la implantación obligatoria de las nuevas tecnologías hasta que no estuviese garantizada su extensión en todos los órganos judiciales y fiscales, transferidos o no", añade el comunicado.
PETICIÓN AL CONGRESO
Por todo ello, CCOO, en escritos remitidos el pasado 25 de enero a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, solicitó que adoptasen "las iniciativas legislativas necesarias para el aplazamiento de la entrada en vigor del papel cero en los órganos judiciales prevista para el próximo 7 de julio de 2016 hasta que no se dispongan las medidas necesarias y suficientes tanto en medios personales como materiales".
CCOO apuesta por la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, "pero la misma debe hacerse de forma gradual, con la suficiente dotación de medios personales, materiales y tecnológicos, mediante experiencias piloto que permitan detectar y solucionar los errores del sistema y con la participación de todos los colectivos afectados, especialmente las trabajadoras y trabajadores que utilizan los programas y equipos informáticos", concluyen.