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La CUP busca que el Parlament fuerce al Govern a aplicar la resolución del 9N anulada por el TC

Presenta una moción que destaca la "vigencia" de la resolución y pide desacatar al Alto Tribunal
La CUP ha registrado en el Parlament una moción que se debatirá en el próximo pleno de la Cámara y que insta al Govern a aplicar la resolución independentista aprobada el 9 de noviembre de 2015 que fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional (TC).
"Instar al Govern a que elabore y presente a este Parlament en un máximo de treinta días un plan de ejecución de todos y cada uno de los anexos de la declaración 1/XI", reza la iniciativa parlamentaria de los anticapitalistas, consultada por Europa Press.
Otro de los puntos destacables de la moción es que busca que el Parlament reitere la vigencia y el contenido de la resolución --aunque el Alto Tribunal fallara en contra--, e insta al Govern a "no atender el contenido de la sentencia" del TC.
La resolución fue aprobada por el Parlament con los votos de JxSí y la CUP en el segundo pleno de la legislatura y su contenido defendía, entre otras cuestiones, la legitimidad de la Cámara para impulsar un "proceso de desconexión democrática del Estado español".
Una de las partes más controvertidas de la resolución fue la que recogía críticas dirigidas al Alto Tribunal, al que definía como un tribunal falto de legitimidad y de competencia sobre Cataluña a raíz de la sentencia en la que falló contra parte del Estatut.
Más allá de las declaración de voluntad de convertir a Cataluña en una república independiente, JxSí y la CUP incluyeron varios anexos al texto de la resolución en los que se recogía medidas concretas contra la pobreza energética y a favor de la educación, la sanidad o de un plan de choque social.
Con la moción registrada en la Cámara catalana, la CUP busca que el Govern concrete un plan de ejecución de todos estos anexos para que se apliquen estas medidas sociales al margen de que el TC haya dictaminado en contra del conjunto de la resolución.
RELATIVO "VÉRTIGO"
El origen de la moción es una interpelación de la CUP al Govern en la que la portavoz del Ejecutivo, Neus Munté, admitió que en la ruta hacia la independencia se siente un relativo vértigo, pero afirmó que la Generalitat no recularía en este proyecto: "No nos temblarán las piernas".
El diputado de la CUP Joan Garriga 'Nana' reclamó a la portavoz señales de que el Govern va en serio, como aplicar la citada resolución: "Nos tenemos que creer que este Parlament es soberano y que puede iniciar las leyes políticas que repercuten en el día a día de la gente", sostuvo.
AUDIENCIA NACIONAL Y MOSSOS
La moción de la CUP, sujeta a cambios si se abre a negociarla con JxSí, también insta al Govern a "desatender los requerimientos de la Audiencia Nacional relativos al proceso de desconexión democrática del Estado español" y, por lo tanto, que los Mossos d'Esquadra no los ejecute como policía judicial.
Si se aprueba la iniciativa, el Parlament también mostrará su "máximo apoyo a todos los ayuntamientos hoy investigados y criminalizados" por haber impulsado mociones de apoyo a la resolución del 9N, y alentará a los cargos electos a seguir desatendiendo las peticiones de las instituciones del Estado.
PRESUPUESTOS
La moción también pide al Ejecutivo que lidera Carles Puigdemont que elabore en un máximo de 30 días "un plan de actuación relativo a la fase preconstituyente del proceso constituyente" hacia la independencia de Cataluña.
La CUP y el Govern aún tienen pendiente la negociación presupuestaria y, pese a esto, la moción recoge que las cuentas que la Generalitat presente al Parlament deberán incluir una partida presupuestaria para "financiar la mencionada fase preconstituyente".