La lacra del fraude (II)

Ciudadanos preocupados, urnas con poca memoria

La clase política se erige como tercer problema de los españoles

Las europeas de 2009 y las locales de 2007, ejemplo de impunidad

El último sondeo muestra la influencia de la Gürtel en la estimación de voto del PP

Malaya, Pretoria, Millet, Palma Arena o Astapa. Operaciones contra el fraude, nombres que golpean como puñetazos. El país se ahoga, España boquea. La preocupación no alcanzaba los actuales niveles desde la década de los 90, cuando la picaresca envenenaba los altos estamentos del mundo de la política y la economía. Sin embargo, las urnas perdonan una y otra vez a los tramposos: la corrupción sale casi gratis. Aunque los políticos se sientan seguros ante esta evidencia y esgriman resultados como los de las locales de 2007 o las europeas de 2009, la impunidad no es absoluta. Experiencias como la derrota socialista de 1996 o la influencia de la trama Gürtel en el último CIS sugieren que el fraude sólo sale barato hasta que llega la factura.

Las alarmas saltaron en octubre de 2009: el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) situó la corrupción como el noveno problema de España, al ser citado por el 5,2% de la población. Resurgía así el miedo al fraude, un temor olvidado durante lustros.

De hecho, hay que remontarse hasta noviembre de 1996 (cuando era nombrado por el 7,2% de los consultados) para encontrar porcentajes por encima del 5%. A partir de entonces la corrupción descendió a índices inferiores al 1%, muy lejos de las tasas superiores al 30% de la primera mitad de los 90.

Esta percepción fue reduciéndose entre los ciudadanos a partir de otoño ( ha rondando el 3% desde noviembre) , pero en el último sondeo, alcanzó la cota del 9,4%, colocándose como sexto problema para la ciudadanía.  correspondiente al mes de abril,

Por si la situación no fuera complicada, el experto Manuel Villoria pone la puntilla. "No es sólo esto lo que debería alertarnos". "la clase política se ha colocado como tercer problema de los españoles", con un 19,4%. "Supera incluso a ETA", según subraya Villoria, y eso en un contexto en el que la crisis y el paro se han transformado en gigantes de pesadilla que deberían copar la atención. Por tercer mes consecutivo,

Gürtel por el retrovisor

Pese a esta preocupación, las urnas perdonan a los políticos corruptos una y otra vez. La trama Gürtel muestra esa tolerancia de los españoles con los casos de corrupción.

Esperanza Aguirre, la presidenta de una autonomía tan salpicada por esta trama como Madrid, repetiría mayoría absoluta si se celebrasen comicios autonómicos, según una encuesta realizada por Metroscopia para El País, publicada el primer domingo de mayo.

La desgastada Aguirre sólo perdería un 3% de los sufragios válidos emitidos en 2007 y un escaño, pero cuenta con el respaldo del pueblo madrileño.

Cuando los ciudadanos se convierten en electores, a menudo perdonan los pecados de sus dirigentes. En cualquier caso, les cuesta dejar de ser fieles a su opción política.

Como muestra un botón: en el barómetro de abril de este diario del Grupo Prisa, el PP había perdido dos puntos de estimación de voto en sólo un mes. La losa de Gürtel, más pesada aún tras el proceso contra Jaume Matas en Baleares, lastraba al partido de Mariano Rajoy, que sin embargo aventajaba a los socialistas en cuatro puntos.

Aguirre se apresuró a saludar los datos. " Los electores son muy listos. La corrupción es algo consustancial a las instituciones", opinó la lideresa. "Lo importante no es que se produzca, sino lo que se hace para evitarla", sentenció.

Espada de doble filo

Los populares ya han proclamado a los cuatro vientos (y al quinto, que llega hasta Ferraz) que los escándalos que les azotan no tendrán un coste electoral. Un análisis distribuido a finales de abril en el III Encuentro de Presidentes Provinciales e Insulares del PP, asegura de forma tajante que de celebrarse entonces las elecciones generales los populares ganarían "con absoluta claridad", y Rajoy sería el nuevo inquilino del palacio presidencial.

El estudio de Pedro Arriola señala que todas las encuestas publicadas en los últimos meses otorgan al PP una diferencia sobre el PSOE que de media oscila entre tres y seis puntos. "El desplome de la confianza en Zapatero y su Gobierno es el mayor que se recuerda en democracia", subraya el informe. El documento agrega que el PP, de acuerdo con estas prospecciones, tiene el mayor índice de fidelidad de sus votantes entre todos los partidos de ámbito nacional.

Rajoy lo sabe y se apresuró a manifestar su confianza en el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. " Que diga la Justicia lo que quiera (...). Yo voy a apoyar a Camps y va a ser el candidato del PP a las próximas elecciones en Valencia", zanjó en una entrevista en Onda Cero. Camps tardó poco en recoger el guante: "Soy inocente y voy a continuar", avanzó después de que el Supremo reabriera su causa.

Pese a ello, situaba al PP a sólo 1,5 puntos del PSOE en intención de voto. El líder popular ya no puede confiar en que la crisis económica le lleve en volandas hacia La Moncloa. En tres meses, ha pasado de superar al PSOE en casi cuatro puntos a sacarle únicamente uno y medio. Asimismo, un 62,1% de los votantes populares considera que el partido está "implicado en muchos casos" que comprometen su honra. la última encuesta del CIS

La batalla europea

La postura del líder del principal partido de la oposición no supone un cambio de táctica en su estrategia. El PP venció en los comicios europeos de junio de 2009 y sus dirigentes entendieron entonces que la distancia de 3,7 puntos que sacaron a los socialistas era una señal de que los ciudadanos les exculpaban de los casos de corrupción.

"Tienen mucha importancia los excelentes resultados conseguidos por el PP en aquellas comunidades donde hemos sufrido un ataque muy especial y agresivo por parte de los socialistas, y donde el PSOE pretendido ganar no en las urnas, sino mediáticamente o en los tribunales", señalaba la número dos de Rajoy, María Dolores de Cospedal. Por si había alguna duda, pasó a enumerarlas: "Valencia, Madrid, Canarias, Baleares y Murcia".

"Les ha salido el tiro por la culata", apostilló. De hecho, el PP había planteado este envite como una absolución de facto de Camps. Prueba de ello, el PP organizó en junio de ese año un mitin multitudinario en el que Rajoy se rodeó de Luis Bárcenas y Carlos Fabra, entre otros.

Las autonómicas andaluzas de 2008 sí dieron la bienvenida a los cambios. Aunque el PSOE mantuvo su mayoría absoluta en Andalucía, perdió cinco escaños, mientras que el PP alcanzó su techo electoral tras conseguir diez actas más que en 2004. En mayo de este año, los populares lanzaron una dura acusación: la "mancha" del PSOE andaluz afecta un total de 140 personas.

Antonio Sanz, secretario general de este grupo, justificó que en el trabajo no se incluyera los casos que afectan al PP porque éstos son "muy puntuales". En cualquier caso, sólo cuatro meses antes, un barómetro de IESA-CSIC indicaba que el PP ganaría los comicios por primera vez en la historia democrática.

Lo local, lo ideal

Los expertos Fernando Jiménez y Miguel Caínzos señalan que, para que un votante racional se decida a castigar con su sufragio a un sospechoso de corrupción, han de concurrir al menos seis condiciones. Primero, el ciudadano debe tener conocimiento de los hechos, una evaluación negativa y la posibilidad de atribuir responsabilidades. Asimismo el tema debe ser relevante en el contexto electoral y tiene que haber consistencia entre actitudes y comportamiento. El último requisito es que exista una alternativa, que se deje abierta una vía de huída para escapar.

Esos seis factores no se dieron juntos en las gallegas y vascas de marzo de 2009. Dos años antes, 27 de mayo de 2007, la corrupción marcó las municipales. Casos como los de Marbella, Andratx, Ciempozuelos, Seseña y Orihuela otorgaron una gran visibilidad al problema. Sin embargo, después de recontar los sufragios, la conclusión no admitía dudas: la corrupción sale casi gratis, los votantes apenas habían castigado a los candidatos afectados por los escándalos.

Manuel Villoria (Universidad Rey Juan Carlos) y Fernando Jiménez (Universidad de Murcia) estudiaron para la Fundación Alternativas el resultado en 133 municipios salpicados por la presunta corrupción de sus regidores.

El 70,7% de los alcaldes sospechosos mantuvieron sus báculos y sólo un 29,3% perdió en las urnas. No obstante, este informe de 2008 reseña también que el 70% dejó escapar apoyos en términos relativos. En líneas generales, los 133 primeros ediles "sufrieron una pérdida promedio de apoyo sobre censo de 3,6 puntos".

Ese 28 de mayo, horas después de que el PP revalidara su mayoría en Castellón, el presidente de la Diputación y número tres de la lista, festejaba su victoria. " declaró Carlos Fabra, que luego se jactaría de haber enchufado a un "sinfín" de personas en doce años. El juicio popular nos ha absuelto con un sobresaliente cum laude",

La investigación de Villoria y Jiménez concluye que los comportamientos electorales de la derecha y la izquierda respecto a la corrupción no son distintos: el porcentaje de victorias y derrotas fue similar en el PSOE y en el PP. 

La tiranía de los sondeos

No hay partidos más corruptos que otros, como ha quedado demostrado. La "tolerancia cero" se erige como mantra, pero el dinero manda sobre los carnés y provoca extrañas mezclas de siglas en el banquillo de los imputados. 

El alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, y el también socialista Pascual Vela, ex diputado, fueron detenidos en la operación Pretoria junto a dos cargos de confianza del gobierno catalán que dirigió Jordi Pujol, los convergentes Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.

Esta trama autonómica, junto al caso Millet, provocaba a inicios del año una fuerte desconfianza de los catalanes con sus políticos. La insatisfacción con la política había crecido 22 puntos en enero y se colocaba como segunda preocupación, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat.

La imagen de la ex presidenta del Parlamento Balear, María Antonia Munar, lanzando besos a los ciudadanos que la increpaban al entrar en el tribunal también ha pasado factura a Unió Mallorquina, que podría llegar incluso a desaparecer del arco parlamentario, según un sondeo publicado en abril por la Fundación Gadeso. No obstante, para otros partidos baleares la situación es mejor: el PP no vería casi modificado su caladero de votos, pese al escándalo del Palma Arena.

Matices clave

Las corruptelas tiene muy diversas consecuencias electorales, los ciudadanos pueden apoyar o denostar a imputados y condenados en situaciones análogas. Estas experiencias indican que no hay recetas comunes y que la impunidad no es absoluta, aunque parezca mentira.

Incluso la Gürtel parece tener efectos. Poco a poco, y a pesar de la dudosa gestión gubernamental de la crisis, la desafección también ha calado en el electorado conservador, contradiciendo los pronósticos de Arriola, 'gurú' de la cocina popular. Este mismo fin de semana, Rajoy se desmarcaba de un acto en apoyo a Camps.

La última oleada del CIS sirve de advertencia: la influencia de la corrupción en el voto está asociada a la impresión y al grado de implicación generalizada que puedan tener los escándalos en un partido.

Filesa y Roldán pesaron en la derrota electoral del Felipe González en 1996, así como en la mayoría absoluta de José María Aznar (PP) de 2000. Esa debacle socialista sirve de paradigma al problema: las trampas pueden pasar factura. Y es que en España el fraude sale barato, casi gratis. Pero sólo hasta que hay que pagarlo. IUL


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