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Exfuncionario andaluz que denunció los cursos acusa a dos cargos de obligarle a expedir diplomas que no se dieron

El denunciante se reúne a petición propia y durante seis minutos con la juez Alaya y el fiscal Anticorrupción antes de prestar declaración
Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla que denunció las "graves" irregularidades existentes en la concesión de cursos de formación, ha acusado este jueves a la delegada de Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, y a la secretaria provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), María Auxiliadora de Nova, de haberle obligado a expedir los diplomas de 25 cursos realizados por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que realmente no se dieron.
Durante su cuarta jornada de declaración como testigo, que se ha prolongado por espacio de tres horas, Teodoro Montes ha respondido ya a preguntas del fiscal delegado Anticorrupción tras tres días de interrogatorio de la juez Mercedes Alaya y ha explicado que si en Gefoc --la herramienta informática de gestión de la formación continua-- "no hay anotación", eso quiere decir que "los cursos no se han ejecutado", según han informado a los periodistas fuentes del caso.
En este sentido, Montes ha asegurado que la actual delegada de Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, y la secretaria provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), María Auxiliadora de Nova, le "impusieron" expedir los diplomas de estos cursos realizados por la Faffe entre los años 2009 y 2010 "pese a la ausencia de anotación" en dicha herramienta informática.
Al hilo de ello, Montes ha puesto de manifiesto que, finalmente, expidió los diplomas de estos 25 cursos, aunque ha desvelado que existe constancia por escrito tanto de la "imposición" por parte de los dos altos cargos como de su "negativa" a la expedición de dichos diplomas, han indicado las mismas fuentes consultadas.
"SOSPECHAS"
El testigo también ha señalado que tiene "muchas sospechas" de otros tantos cursos "no dados" por la Faffe, punto en el que hay que recordar que, en su declaración ante la Guardia Civil de agosto de 2013, Montes aseguró que existen unos 450 cursos divididos en dos partidas, 2009 y 2010, realizados por la Faffe de los que "no se puede certificar su materialización".
Al hilo de ello, dijo a la Guardia Civil que, una vez que el SAE se subrogó "todas" las obligaciones de la Faffe, personal de esta última acudió al SAE y participó en la gestión, "alterando y modificando los expedientes informáticos administrativos relativos a estos cursos". "Ante su queja, personal subalterno retiró los expedientes en papel sin dar explicación alguna", por lo que él, como responsable de la custodia de esta documentación, presentó una denuncia en los juzgados de Sevilla.
Montes, que en su declaración judicial sin embargo no ha hecho mención a estos 450 cursos, también se ha vuelto a referir a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), a la que inicialmente acusó de cobrar comisiones de hasta el 20 por ciento por la subcontratación de las actividades formativas con otras empresas, afirmación de la que se retractó sólo 24 horas después.
VUELVE A LA CEA
De este modo, el testigo ha sido cuestionado sobre si cree que se ha creado una red de entidades que se han "lucrado" a través de la CEA al poder acceder a la "multiplicidad" de cursos que son adjudicados a la CEA y que, finalmente, se ejecutan en las instalaciones de dichas entidades y con sus propios docentes, a lo que Montes ha respondido que, "desde ese punto de vista, es cierto".
Montes, que ha precisado que estas entidades formaban parte de una "red de centros colaboradores" de la propia CEA, ha apuntado que "sería interesante ver quién está al frente" de cada una de ellas y "sacar conclusiones", mientras que a la pregunta sobre qué beneficios extraía la CEA con todo lo anterior, el funcionario ha indicado que "la garantía de poder realizar los cursos que se le adjudicaban directamente".
Las fuentes consultadas han puesto de manifiesto que la CEA "aparecía siempre como adjudicataria y ejecutante" de los cursos, por lo que "la responsabilidad última del desarrollo de los cursos sería" de la propia Confederación de Empresarios de Andalucía.
Antes de comenzar la declaración, y a petición del propio Teodoro Montes, éste se ha reunido durante seis minutos con la juez y con el fiscal delegado Anticorrupción en el despacho de la primera, aunque no ha trascendido el contenido de la conversación y únicamente que se trata de un asunto "privado".
La declaración de Teodoro Montes continuará este viernes, a partir de las 10,30 horas, con las preguntas del abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la Junta, tras lo que le tocará el turno a los letrados de los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda, únicos imputados hasta el momento en esta causa.