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Exsubsecretario de Solidaridad valenciano niega falsificación de documentos en el caso 'Cooperación'

Asegura sentirse "traicionado" con la Abogacía de la Generalitat y anuncia "intenciones penales" en defensa de sus derechos
El exsubsecretario de la extinta Consejería de Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Alexandre Català, ha defendido en su declaración como acusado en la primera pieza del 'caso Cooperación' que dio el visto bueno a los expedientes de la Fundación Cyes por el "principio de confianza", ya que "confiaba" en el servicio de su departamento que tramitaba estos documentos, al tiempo que ha negado haber recibido ninguna instrucción para falsificar documentación o haber hablado en alguna ocasión con el presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni -único acusado en prisión--.
Català, que se enfrenta a 13 años de prisión, 30 de inhabilitación para cargo público y al pago de una multa de 21.600 euros por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsificación documental, se ha pronunciado así en su declaración por el 'caso Cooperación', en un día en el que también está citado el ex director general de la conselleria, Josep María Felip, para quien solicitan hasta 10 años de prisión y 27 de inhabilitación.
El exsubsecretario tan solo ha querido responder a las preguntas de las defensas y en un momento del interrogatorio, cuando se le mostraban diferentes facturas a petición del abogado del presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, ha señalado: "ya me ha superado. Me ha mareado".
Català, quien en fase de instrucción atribuyó al exconseller y diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, el cese de varios técnicos que no quisieron firmar los expedientes a la Fundación Cyes y dijo que no se percató del cambio de fechas en la relación de facturas admitidas y excluidas de la entidad, ha dejado fuera a Blasco de cualquier tipo de responsabilidad, de quien ha dicho que les comentó que los expedientes estaban "correctos".
El ex alto cargo, quien ocupó el cargo de subsecretario desde 2007 a 2011, ha indicado al respecto que no recibió ningún tipo de sugerencia, presión o indicación por parte de Blasco para favorecer a la Fundación Cyes, al tiempo que ha señalado que "en absoluto" tenía conocimiento de que los expedientes de esta entidad incurrieran en algún tipo de irregularidad. "A mí nadie se ha dirigido para hablarme de cualquier cuestión relativa a esos expedientes", ha dicho.
En esta línea, se le ha preguntado por la documentación remitida a Fiscalía relacionada con las facturas admitidas y excluidas de la Fundación -en la que se excluía la compra de pisos--, que él firmó, y en la que aparece fecha de julio de 2010 pese a haberse elaborado en el mes de octubre -tras hacerse pública la presunta trama--.
Sobre este asunto, ha declarado que tras aparecer la información en la prensa, les reunió el conseller y les dijo que era conveniente remitir el expediente a la Fiscalía y ponerlo a disposición de la opinión pública, de los grupos parlamentarios, de los medios de comunicación y de las ONGs. En ese momento, ha señalado que Blasco les comentó que los expedientes estaban "correctos" pero les pidió que los ordenaran y que hicieran unas tablas con la facturas admitidas y excluidas.
En ese instante, ha señalado que no recibió ninguna ordenen para falsificar o manipular la documentación que se iba a remitir: "de manipular o de cambiar nada en absoluto", ha apostillado, al tiempo que ha agregado: "dijeron que los expedientes estaban muy desordenados.. La palabra era como saqueados o desordenados", ha señalado.
Català, quien ha mantenido que no habló con el empresario y presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, "en ninguna ocasión" durante su estancia en la Subsecretaría, ha insistido sobre el tema de la fecha de los documentos en que desconoce por qué se modificó el mes de elaboración: "no lo sé porque no estuve presente ni en la concepción de las tablas ni vi ningún tipo de instrucción de como había que elaborar ese documento. Cuando me lo pasaron lo firmé y en ese momento no caí en la fecha".
"A MÍ ME PASAN FACTURAS Y YO LAS FIRMO"
Preguntado por quién le pasó esas tablas y las facturas, ha comentado que no lo recordaba exactamente, que supone que el servicio que tramitaba los expedientes. "A mí me pasan las facturas y yo las firmo. Nadie, en ese momento ni posteriormente me explicó a qué correspondían las facturas o me dieron explicaciones. No llegué a leerlas. Simplemente las firmé", ha reiterado.
En esta línea, ha repetido: "no sabía bien en qué había consistido el proyecto, pero por el principio de confianza en la gestión, lo di por bueno". Este principio -ha agregado-- "es un principio de confianza en la Administración, que actúa de acuerdo con la normativa". "No es que confíe especialmente en una persona o en otra. Había un servicio de gestión de expedientes que tenía encomendado el seguimiento y valoración de expedientes y era donde se llevaba toda la tramitación y se dirimía lo que estaba para aceptar", ha agregado. Pero "nunca he llegado a ver ni ese ni ningún otro expediente. Ni las facturas", ha aseverado.
Sobre los expedientes, Català -quien ha señalado que cuando llegó a conselleria la situación era "muy precaria" y les dijeron desde Presidencia que no se les permitiría sacar nuevas convocatorias mientras no se cerraran las que quedaban pendientes- ha indicado, su intervención es "puntual", y solo le pasaban aquellos en los que había que hacer un reintegro. Así, ha dicho: "parece que quiera tirar balones fuera, pero no es así. A mí me suben los expedientes, y yo los firmo y ya está".
CON LA ABOGACÍA DE LA GENERALITAT
Català, quien también ha puntualizado que habló con el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, "solo en una ocasión, en una reunión", y ha dicho que nunca había visto en su vida a una de las trabajadoras acusada, Josefa Cervera, ha señalado que cuando recibió la notificación de que tenía que declarar como imputado ante el juez, decidió dirigirse a la Abogacía de la Generaliat por entender que era la que mejor podía asistirle.
"Entiendo -ha añadido-- que quien mejor me puede asistir es la Abogacía de la Generalitat, convencido de que no he hecho ninguna ilicitud ni irregularidad, la Abogacía tenía un conocimiento profundo de los expedientes administrativos, y consideré que podía representarme".
Así, ha recordado que se reunió con representantes de este organismo momentos antes de declarar ante el juez, y les contó "todo lo que sabía del caso". Ha narrado estos hechos puesto que su letrado pretende apartar a la Abogacía del proceso, al entender que no puede actuar como defensa y como acusación -actualmente ejercer de acusación particular--. "Con la Abogacía me siento traicionado. Anuncio intenciones penales en defensa de mis derechos", ha conluido Català.