Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

García-Escudero podría declarar en su despacho y cambiar la fecha prevista

El tribunal ha fijado su interrogatorio para el próximo 19 de julio, a las 10.00 horas
El presidente del Senado, Pio García-Escudero, citado a declarar como testigo en el juicio por los primeros años de actividad de la trama Gürtel (1999-2005) para explicar cómo se ha financiado el PP, puede solicitar no acudir a la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional donde se está celebrando la vista oral, así como el cambio de día fijado para no perturbar el adecuado ejercicio de su cargo. Su testimonio podría realizarse en su despacho oficial.
El tribunal ha señalado la declaración de García-Escudero el próximo 19 de julio, a las 10.00 horas, y ha hecho llegar esta citación al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, para que éste la remita al presidente del Senado. No obstante, al igual que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tendrá que comparecer una semana después ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, podrá acogerse al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) por su condición institucional.
Precisamente, el apartado tercero de dicho artículo señala que el presidente del Senado, entre otros cargos, está "exento de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar" y que si éste ha sido llamado por conocimiento de los hechos que no tienen relación con su responsabilidad actual se le tomará declaración "en su domicilio o despacho oficial".
Este es el caso de García-Escudero, cuya testifical ha sido solicitada por el exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega en su anterior condición de presidente de los 'populares' madrileños (1993-2004) y coordinador nacional de la formación política en diversas campañas electorales. A este artículo acudió en mayo de 2013 cuando el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se desplazó hasta su despacho en la cámara alta.
NO PERTURBAR EL EJERCICIO DE SU CARGO
Asimismo, el artículo 412 de la misma ley indica que en el supuesto de que haya que interrogar como testigo a personas que ostenten cargos de relevancia, como es García-Escudero, habrá que citarle "de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo". A este misma prerrogativa recurrió el presidente del Gobierno que finalmente declarará el próximo 26 de julio, uno de los dos días que él mismo propuso para comparecer de acuerdo a su agenda política.
Todos estos derechos a los que García-Escudero se puede acoger no tienen por qué ser aceptados por el tribunal. Rajoy solicitó declarar por videoconferencia por razones de seguridad, acudiendo al artículo 731 bis de la LECrim, pero el tribunal de la Gürtel le ha obligado a acudir presencialmente a la sede judicial alegando que la Audiencia Nacional es uno de los edificios que "cuenta con las mayores garantías".
El mismo día 19 también comparecerán otros testigos interesados por Guillermo Ortega como son el exalcalde de Majadahonda y exsecretario general del PP Ricardo Romero de Tejada y excoordinador de las campañas electorales de los 'populares' madrileños José Manuel Fernández Norniella, ambos condenados por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia y procesados por la salida a Bolsa de esta entidad financiera.
Y, la exdiputada Carmen Rodríguez Flores y el exconcejal madrileño Jorge Barbadillo para que expliquen un supuesto encuentro que mantuvieron con el extesorero del PP Álvaro Lapuerta --cuya causa ha sido archivada por demencia sobrevenida-- en la que se mencionó que el propietario de las empresas Licuas y Coarsa, Joaquín Molpeceres, se había quejado a este último de que ya no era beneficiario de adjudicaciones públicas. Según constató Ortega durante su declaración en el juicio, la exdiputada 'popular' le comentó que le había costado su puesto como responsable del ayuntamiento majariego por no darle adjudicaciones a Molpeceres.