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El Gobierno actualiza la Ley de Metrología con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad

El Consejo de Ministros ha aprobado, para su remisión a las Cortes, el Proyecto de Ley de Metrología, que actualiza el marco legal actual, que data de 1985, y cuyo objetivo es unificar y clarificar la legislación, incorporar las directrices internacionales y mejorar el control de los instrumentos de medida, lo que dará, según el Ejecutivo, una mayor calidad en los instrumentos de medición y en la seguridad jurídica de las mediciones.
Como principal novedad, la ley recoge la obligatoriedad de utilizar el Sistema Internacional de Medidas, que va más allá de las tradicionales unidades de medida, puesto que incluye no sólo las unidades, su nombre y definición, sino también los símbolos, las reglas de escritura y el uso de múltiplos y submúltiplos.
El control metrológico del Estado es el conjunto de actividades que contribuyen a garantizar la certeza y corrección del resultado de las mediciones, los procedimientos adecuados para su utilización, mantenimiento, evaluación y verificación, así como la tipología y obligaciones de los agentes intervinientes.
En concreto, el proyecto aprobado define el alcance del control metrológico del Estado, los elementos que se someten a control, las fases que comprende, sus procedimientos de vigilancia e inspección, el tratamiento de las modificaciones y reparaciones realizadas durante la vida útil de los instrumentos y la regulación metrológica de los productos preenvasados.
Los elementos que están sometidos al control metrológico del Estado son aquellos instrumentos, medios, materiales de referencia, sistemas de medida y programas informáticos que sirven para medir o contar y que sean utilizados por razones de interés público, salud y seguridad pública, orden público, protección del medio ambiente, protección o información de los consumidores y usuarios, recaudación de tributos, cálculo de aranceles, cánones, sanciones administrativas, realización de peritajes judiciales y establecimiento de las garantías básicas para un comercio leal.
Además, la disposición final tercera del anteproyecto, modifica diversos artículos de la Ley 21/1992, de Industria, con objeto de mejorar las garantías que los productos e instalaciones industriales cumplan los requisitos técnicos de seguridad y protección del medio ambiente
Así, establece la obligatoriedad de que los organismos de control, que son aquellos entes encargados de la verificación de la conformidad de las instalaciones y productos industriales, dispongan de una acreditación como medio de evaluación de su competencia técnica, independencia e imparcialidad.