El Gobierno aspira a dejar el número de empresas públicas de las CCAA en el nivel más bajo desde 2003

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado este lunes el esfuerzo que están realizando las Comunidades Autónomas en la reducción del sector público instrumental dependiente de las autonomías, con la extinción de 607 empresas públicas desde que empezó el proceso en julio de 2010. Eso sí, ha dicho que el objetivo es que esa supresión alcance las 751 empresas, lo que supondrá casi un 32 por ciento menos y llegar a "niveles inferiores a 2003".

Así lo ha asegurado en una reunión con consejeros de Presidencia de las CCAA gobernadas por el PP celebrada en la sede del PP, a la que han asistido también el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, y el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas.

Sáenz de Santamaría ha explicado que el número de empresas públicas dependientes de Comunidades Autónomas a 1 de julio de 2010 ascendía a 2.365 y ha añadido que la reducción inicialmente prevista de 508 entidades, para el conjunto de Comunidades, se ha visto ampliada, en términos netos, a un total de 751, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

La 'número dos' del Gobierno ha señalado que a 1 de julio de 2013, el número de entidades, en términos netos, efectivamente extinguidas, es de 373 y los procesos en estadios muy próximos a la extinción ascienden a 234, por lo que el total de procesos concluidos o en fases muy cercanas a la extinción definitiva es de 607.

Dicho esto, ha instado a las CCAA a continuar con el proceso de reducción total comprometida de 751 entidades. Si se cumple ese compromiso, el sector público instrumental del conjunto de comunidades estará compuesto por 1.614 entidades, un 31,75% inferior que al inicio de los procesos (1 de julio de 2010), y "en niveles inferiores al año 2003", en el que el número de entidades del sector público autonómico era de 1.747, según las mismas fuentes.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

Además, la vicepresidenta ha explicado las medidas que está impulsando el Ejecutivo en materia de regeneración democrática. En el caso de la Ley de Transparencia, ha recordado el amplio plazo (de dos años) que se da a las autonomías para su aplicación.

A renglón seguido, ha asegurado que el Ejecutivo está impulsando en este momento una Ley Reguladora del Régimen Económico-Financiero de los Partidos y otra Ley Reguladora del Alto Cargo de la Administración.