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Madrid entrega a la Guardia Civil datos de contratos en Justicia, Transportes, Urbanismo y Educación

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Púnica', ha pedido a la Comunidad de Madrid información relativa a contratos y facturas de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, del Consorcio Regional de Transportes, del área de Urbanismo por la presencia de Arpegio y de subvenciones de dos ayuntamientos en materia educativa.
El presidente del Gobierno regional, Ignacio González, ha explicado en rueda de prensa para presentar el anteproyecto de ley de presupuestos generales de 2015, que "desde el primer momento" la Comunidad de Madrid está "colaborando" con la Guardia Civil y que lo van "a seguir haciendo".
De este modo, ha explicado que "hasta el momento" se han presentado en "distintas dependencias" de la Comunidad y que le han "facilitado" toda la documentación que ha pedido. Así, en el caso de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se han "interesado" por tres contratos, según ha detallado González.
Se trata de un contrato sobre intérpretes judiciales, otro sobre seguridad en los juzgados y otros sobre arrendamiento de los locales donde se encuentran ubicados los juzgados de Valdemoro, localidad que fue gobernada por Francisco Granados, detenido en la trama y considerado uno de los 'cabecillas' de la misma --fue responsable de la cartera de Justicia en el Gobierno regional--.
Dependiente de la Consejería de Presidencia, destacan los contratos del Patronato de Áreas de Montaña (PAMAM), que gestionaba entonces servicios públicos de 42 municipios de la sierra. En concreto, han pedido todos los contratos suscritos con la empresa Waiter Music y con Saranais.
En el área de Transportes, donde Granados fue consejero durante un año --coincidió con su llegada al Gobierno madrileño--, la Comunidad ha facilitado toda la facturación que hubo entre los años 2006 y 2008 entre el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid y la empresa Obrum, propiedad del empresario, también detenido, David Marjaliza.
En el caso de Educación, González ha aclarado que "no son expedientes de la Comunidad de Madrid" sino que son documentos "propios" de ayuntamientos que hacen referencia a tres colegios concertados: dos en Valdemoro, el Hélicon y el Valle del Miro; y otro en Torrejón de Velasco, El Catón.
En Urbanismo, la información requerida ha sido la relacionada con Arpegio --empresa pública que gestiona el Plan Regional de Inversiones (PRISMA)--. Han pedido documentación con Waiter Music y la referente a un plan parcial de Valdemoro del año 2006.
En cuanto Cofely, empresa sobre la que presuntamente habría pivotado la trama de corrupción, González ha explicado que la Comunidad de Madrid tiene dos contratos realizados "en un concurso" por parte del Servicio Regional de Bienestar Social con cuatro lotes, dos de ellos ganados por esta empresa.
González también se ha referido al consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, detenido en el marco de la operación y puesto ya en libertad son medidas cautelares.
El presidente madrileño se ha limitado a decir que esta persona fue detenida por la Guardia Civil, que le solicitaron una facturación de un contrato de la Agencia y que ha salido en libertad. "Hay secreto de sumario, no sabemos el fondo de todas las cuestiones", ha apuntado.