IU, UPyD y PSOE acuerdan pedir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre las tarjetas de Caja Madrid

El texto de la iniciativa, impulsada por IU, al que ha tenido acceso Europa Press, argumenta la competencia de la Comunidad de Madrid y de la propia Asamblea con relación al asunto, así como que este es "de alto interés público".

"La Asamblea de Caja Madrid, de la que forman parte los consejeros que supuestamente hacían uso de dichas tarjetas, se compone, entre otros miembros, de representantes de las instituciones públicas de la Comunidad de Madrid, incluida esta Asamblea", constata.

En este sentido, sostiene que dicha representación, recogida en la Ley de Cajas de Ahorros, se establece en función de la relación directa de esta institución financiera con el Gobierno autonómico, y por tanto corresponde a la Asamblea el control público tanto de la gestión en relación con el Gobierno regional, como especialmente de los consejeros que representan a la misma.

Igualmente, asevera que la Ley de Cajas de Ahorros establece en la Comunidad de Madrid las "competencias de supervisión, inspección y control", siendo además quien nombra al consejero general como entidad fundadora de Caja Madrid.

Por otro lado, atribuye el "alto interés público" a la vinculación de la entidad con la economía de la región, la relación histórica de la misma con familias, particulares y tejido social y empresarial.

"El conjunto de madrileños y madrileñas merecen conocer el alcance de las responsabilidades políticas de este hecho, así como el alcance económico real del mismo a fin de poder, en su caso, reclamar el dinero público que pudiera haber sido defraudado", agrega.

Habiendo reunido las dos quintas partes de los miembros de la Asamblea exigidos por el reglamento de la Cámara para solicitar la comisión, los grupos de la oposición piden su conformación para permitir que el debate público entre las distintas fuerzas parlamentarias en torno a la corrupción "focalice y depure las potenciales responsabilidades y evite un descrédito del conjunto de instituciones y representantes públicos".

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Como objeto de la comisión, figura en el texto el de "analizar y evaluar las posibles responsabilidades políticas en relación con el supuesto abuso del gasto de tarjetas de crédito opacas por parte de los consejeros y consejeras de Caja Madrid, así como los pactos políticos que hicieron posible su nombramiento".

En cuanto a la composición, establece que garantizará la proporcionalidad en función de la representatividad de cada grupo parlamentario, con diez diputados del PP, cinco del PSOE, dos de IU y uno de UPyD.

Asimismo, dispone que la comisión de investigación podrá requerir la comparecencia de miembros del Gobierno, altos cargos y funcionarios de la Comunidad de Madrid, exconsejeros de Caja Madrid, así como de cualquier otra persona para informar sobre el asunto que constituye su objeto, quiénes estará obligados a comparecer.

Igualmente, señala que los trabajos deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2014, incluida la elaboración del dictamen que será objeto de debate en el Pleno de la Cámara.

Fuentes populares han indicado que estudiarán la propuesta una vez registrada y han recordado que el Gobierno regional ha reiterado en varias ocasiones que no es competente en la materia, cuya competencia corresponde al Ministerio de Economía y al Banco de España, así como tampoco es competente la Asamblea de Madrid, sino en todo caso el Congreso de los Diputados.