JpD rechaza la partida para Justicia que es "un ejemplo más" de las medidas del Gobierno contra los "más débiles"

La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) muestra su rechazo a la partida presupuestaria destinada a Justicia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 al considerarla un "ejemplo más" de adopción de medidas por parte del Gobierno contra los "sectores más débiles de la sociedad".

"Valoramos de manera muy negativa los recortes en materia de Justicia que se han previsto" en los PGE, ha manifestado este viernes la asociación en un comunicado, al tiempo que ha justificado su posición al entender que las nuevas partidas "demuestran con claridad que el buen funcionamiento del servicio público de la administración de justicia y la tutela adecuada de los derechos fundamentales de la ciudadanía no se encuentran entre las prioridades del Gobierno".

Para JpD, los presupuestos "suponen otro ejemplo más de adopción de medidas en perjuicio de los sectores más débiles de la sociedad, que no podrán abonar tasas judiciales y verán más limitado su acceso a la jurisdicción y a la Justicia Gratuita". Además, la asociación de jueces ha advertido de que conllevan el fin de "cualquier posibilidad de mejora, transformación y modernización" del sistema judicial.

Según han detallado los jueces, la partida para el año que viene sufre una reducción de un 2,17 por ciento en relación con la cantidad prevista en 2013, consolidándose una caída, a su juicio, "relevante, progresiva y continuada", a pesar de que los "juzgados y tribunales padecen graves insuficiencias de medios personales y materiales".

La reducción alcanza el 17,17 por ciento en materia de inversiones, con una disminución "especialmente importante" en lo que se refiere a nuevas tecnologías y en el ámbito del Plan de Modernización. Desde JpD advierten de que con esta bajada presupuestaria "resulta absolutamente imposible" la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, de "ninguna iniciativa de modernización" del sistema, ni de "proyectos que sean capaces de agilizar los trámites judiciales". "Se condena a nuestra administración de justicia a seguir funcionando con instrumentos anacrónicos", indican.

GALLARDÓN "INCUMPLE SU COMPROMISO"

Asimismo, los jueces rechazan la congelación de las partidas destinadas a Justicia Gratuita, así como denuncian que con ello el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón "incumple su compromiso de que se iban a mejorar las prestaciones del turno de oficio, que fue el pretexto que utilizó para justificar la implantación de las tasas". "Ninguna cantidad procedente de la recaudación de las tasas se va a destinar a Justicia Gratuita", alertan.

"Ello es especialmente alarmante en un momento en el que la situación económica ha dejado a buena parte de la ciudadanía sin recursos para poder defender sus derechos y no resulta posible que el incremento de las personas peticionarias de justicia gratuita pueda cubrirse con una partida presupuestaria idéntica", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que "se dejará a un número importante de personas sin la posibilidad de acceder a la jurisdicción".

Jueces para la Democracia afirma que a Gallardón "no le salen las cuentas, ante el flagrante incumplimiento de sus compromisos públicos" y que, desde su punto de vista, "resulta necesario que el Ministerio de Justicia explique cuál ha sido el destino económico del pago por el acceso a nuestros juzgados y tribunales".

"Las tasas han tenido una finalidad puramente recaudatoria a nivel general y, correlativamente, se han utilizado para diseñar una Justicia al alcance de quienes puedan pagársela, lo cual supone una importante discriminación de sectores de la población en función de su capacidad económica. Esta privatización del servicio público se acompaña de otras medidas similares, como la asignación de los actos de comunicación y ejecución a los procuradores o la próxima entrega a los registradores mercantiles y de la propiedad de los Registros Civiles", argumenta la asociación.

EMPLEO PÚBLICO Y CGPJ

En relación con la Oferta de Empleo Público, ha denunciado que la creación de 50 plazas de acceso a las carreras judicial y fiscal "ni siquiera llega a cubrir las bajas estructurales de la plantilla judicial", por lo que ha señalado que "en la práctica supone un descenso de la misma". "Esta situación agravará todavía más la precaria situación de nuestros juzgados y tribunales, con los consiguientes perjuicios para la ciudadanía", añade.

Finalmente, ha indicado que los presupuestos contemplan una reducción de la partida destinada al Consejo General del Poder Judicial de 62,78 millones de euros a 57,96 millones de euros, una "importante disminución" que "continúa en la línea del Gobierno de arrebatar facultades y competencias al órgano de gobierno judicial".