Maniatados por corruptos
La financiación ilegal y el enriquecimiento ilícito han sustraído, en el último decenio y en tan sólo 28 casos, la friolera de 4.158 millones de euros,Como muestra un botón: Juan Antonio Roca, asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, podría haber acumulado más de 2.400 millones entre 1991 y 2006, tal y como indica el Informe sobre la Democracia Española 2009 de la Fundación Alternativas, una entidad ligada al PSOE. según los cálculos de El Mundo.
Desde 2004 España se ha desplomado diez puestos en el Informe Global de la Corrupción elaborado por la ONG Transparencia Internacional (TI), lastrada por los delitos urbanísticos. La orgía del ladrillo, ahora en crisis, ha colocado a nuestro país en el puesto trigésimo segundo de una lista de 180 países.Lejos de EEUU, Francia, Alemania y el Reino Unido, la valoración de 6,1 puntos supera a las de Italia y Portugal.
Este año el Consejo de Europa alzó su dedo para señalar a España. "En los últimos diez años (...) parece que la corrupción sigue siendo un problema evidente, especialmente a nivel local", según los evaluadores del Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción).
El documento, elaborado en mayo de 2009 y publicado en febrero de 2010, es demoledor con el sector público: este "complejo marco legal es especialmente deficiente", afea el organismo. Los síntomas muestran con claridad el problema: España se duele de tramas locales asociadas al desarrollo urbanístico.
El mapa más negro
Aunque ningún enclave queda a salvo de los tramposos, hay autonomías más castigadas que otras. Javier García Sotoca, decano de los Juzgados de Las Palmas, confirmó en enero que su comunidad se ha colocado en el segundo puesto en lo que a causas de prevaricación se refiere.
Dos centenares de imputados y casos como el Faycán de Telde también han situado a Canarias como la tercera zona con más casos de corrupción urbanística, sólo superada por Madrid y Andalucía.
Ubicua pero no generalizada
Las corruptelas tampoco distinguen de siglas. El PSOE y el PP acumulan 464 de estas causas, 264 asociadas a Ferraz y 200 a Génova. En cuanto al resto de partidos políticos, Coalición Canaria acumula 43 causas, CiU 30, el Partido Andalucista 24, Izquierda Unida 20, el Grupo Independiente Liberal 17, Unió Mallorquina siete, Esquerra Republicana de Catalunya cinco, el Bloque Nacionalista Galego tres y el PNV otras tres, según informó el fiscal general, Candido Conde-Pumpido, en una comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
A estos casos se añaden un procedimiento abierto a un cargo de ANV y otro a uno de Eusko Alkartasuna, así como 67 investigaciones seguidas contra miembros de otras asociaciones locales, 16 contra imputados independientes y 72 asuntos en los que se desconoce la afiliación de los sospechosos. En definitiva: no hay partidos más corruptos que otros.
Pese a estas actuaciones tan extendidas (594 procedimientos judiciales abiertos y 136 diligencias), los chorizos y pícaros que se tuestan bajo el sol no abundan tanto como parece: no es un fenómeno generalizado, aunque el ciudadano lo percibe así. De hecho, en diciembre de 2006, un 53,3% de los encuestados por Sigma Dos para El Mundo pensaban que en el ayuntamiento de su ciudad había corrupción.
Sin embargo, existen "más de 66.000 concejales y alcaldes, 17 asambleas legislativas autonómicas, otros tantos Gobiernos autonómicos, además de los órganos centrales del Estado" y estos casos de podredumbre institucional no llegan "al 1%", según Conde-Pumpido.
¿Percepción o realidad?
La sombra negra se cierne sobre todos por igual. Socialistas, populares y nacionalistas, ciudades y pueblos. Nadie escapa de las garras de la prevaricación, el cohecho, la malversación y el tráfico de influencias, nadie burla su largo etcétera.
El fantasma del fraude cabalga de nuevo, pero sus rasgos presentan sutiles diferencias con los desfalcos de la década de los 80 y 90. Si Filesa, Naseiro o Casinos se urdieron para financiar al PSOE, PP y CiU, respectivamente, los nuevos corruptos pretenden llenarse los bolsillos.
Aunque España no tiene una corrupción masiva, el 'todos roban' y el 'son unos mangantes' se escucha a diario. Para el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, la paradoja española es que, mientras muy pocos españoles declaran tener una experiencia directa con la corrupción, un alto porcentaje considera que está creciendo (un 48%) y una abrumadora mayoría opina que afecta "muy significativamente" a la vida política (un 66%).
Las expertas Betty A. Dobratz y Stephanie Whitfield alegan que, "aunque algunos podrían sugerir que idealmente los escándalos por sí solos pueden derribar gobiernos", los electores tienen en mente más de una cuestión a la hora de depositar su papeleta.
En cualquier caso, las naciones latinas son más permisivas con esta plaga. Incluso "se admira al pillo y al que mejor defrauda", apostilla Jesús Lizcano, presidente de TI. Ésta puede ser la razón por la que las urnas acostumbran a perdonar a los implicados. IUL