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El PP quiere acabar con el "abuso del veto" del Gobierno a las iniciativas de la oposición en el Parlamento

No incluye, en sus cien primeras propuestas, la reducción de escaños en el Congreso que prometió estudiar Rajoy
El Partido Popular se ha marcado como objetivo, si gana las elecciones del próximo 20 de noviembre, "revitalizar" el Parlamento, a través de una agilización del "debate y la actividad" de los diputados y senadores. En concreto, quiere "reconocer" el derecho de la oposición a promover iniciativas, evitando "la utilización arbitraria y el abuso del veto" por parte del Gobierno, que, en su opinión, se ha producido en los últimos años.
Ésta es una de las medidas que se incluye en el resumen del programa electoral del PP que ha presentado este lunes en Santiago de Compostela su presidente, Mariano Rajoy, ante los miembros de su Comité Ejecutivo, reunidos para aprobar el texto, cuyo contenido íntegro no se conocerá hasta este martes.
En el primer catálogo hecho público de "100 propuestas para el cambio" no se recoge la reducción del número de diputados hasta el mínimo constitucional de 300, que el propio Rajoy anunció que estudiaría durante la Convención de Málaga celebrada el primer fin de semana de octubre.
Según explicó entonces Rajoy, el PP había recibido propuestas de ciudadanos que piden disminuir el número de parlamentarios, tanto en el Congreso y el Senado como en las Asambleas autónomicas, y de concejales. El presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Miguel Arias Cañete, avisó entonces de que si la propuesta se asumía habría de garantizarse la representación de las minorías.
La propuesta fue defendida también por el vicesecretario de Comunicación 'popular', Esteban González Pons, quien defendió su implantación en varias entrevistas en medios de comunicación y cifró en 50 el número de diputados que podrían eliminarse. "En España no sobran funcionarios, sobran políticos", afirmó.
La Constitución establece que los miembros del Congreso no pueden ser menos de 300 ni más de 400. Durante la subcomisión parlamentaria que estudió la reforma de la Ley Electoral, IU y UPyD defendieron elevar a 400 el número de diputados, con el aval del Consejo de Estado, para aprovechar los restos de votos que no se traducen en escaños.
CADA MINISTRO, UN PLAN DE OBJETIVOS
En cambio, el PP incluye como modo de "revitalizar" las Cortes la obligación de que los miembros del Gobierno presenten al inicio de su mandato un plan de objetivos que anualmente tendrá que ser "actualizado".
Además, pretende "recuperar el sentido constitucional del decreto-ley", que legalmente está reservado para cuestiones de urgencia. Los 'populares' se han venido quejando del uso de este recurso legislativo --que entra en vigor sin autorización ni debate previo del Parlamento-- por parte del Gobierno socialista durante los últimos años, especialmente para sacar adelante buena parte de los recortes reclamados desde Bruselas.
Los 'populares' también han venido criticando lo que en su opinión ha sido un "abuso" del Ejecutivo a la hora de utilizar su capacidad de veto para impedir el debate de iniciativas de la oposición en el Congreso y el Senado alegando que suponían una alteración de los Presupuestos por minoración de ingresos o exceso de gasto.
El PP, que acabó recurriendo en amparo ante el Constitucional por el veto a sus iniciativas para derogar la congelación de pensiones, entre otras, se compromete ahora a garantizar el derecho del resto de partidos a promover iniciativas.
"SINCERA ACTITUD DE DIÁLOGO"
Aunque todas las encuestas pronostican que el PP ganará por mayoría absoluta las próximas elecciones generales, el programa aprobado este lunes garantiza que, si llega a La Moncloa, Rajoy fomentará "con sincera actitud de diálogo", todas las acciones y acuerdos políticos que "favorezcan el entendimiento y la concordia entre todos los españoles en torno a los valores constitucionales".
En opinión del PP, es necesario "un importante esfuerzo de diálogo y reforma para ofrecer sollcuiones duraderas a las exigencias de una sociedad democrática avanzada", en la que "nadie debe ser ni sentirse excluido" y todos "disfruten de los mismos derechos y deberes".