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PP y PSdeG se oponen a la ley de consultas impulsada por el BNG en Galicia y arguyen motivos de constitucionalidad

Populares y Socialistas gallegos se han opuesto este martes a la tramitación en la Cámara autonómica de una propuesta de ley de consultas populares impulsada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), y que ha contado con el apoyo de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y el Grupo Mixto, que era similar a la aprobada por el Parlamento catalán.
Además, el grupo que apoya al Gobierno, por boca de su portavoz parlamentario, Pedro Puy, que como el PSdeG arguyó motivos de constitucionalidad, también constató que es "oportuno" un "no" a esta iniciativa para "reafirmar" el apoyo al Congreso a los que en esta misma jornada "van a defender la Constitución", en el traspaso a Cataluña de la competencia para convocar consultas.
El impulsor de la propuesta, el nacionalista Francisco Jorquera, apeló a que la iniciativa pretende "radicalizar la democracia" y que, aunque "es evidente que el BNG iría más allá" que de lo que recoge la ley, defendiendo por ejemplo lo mismo que busca este martes Cataluña en las Cortes, se ha presentado una propuesta que, según el portavoz parlamentario del Bloque, "se adapta al marco constitucional".
Tanto el exministro de Justicia y ahora diputado autonómico, Francisco Caamaño, como Pedro Puy discreparon del encaje con la Constitución, al respecto de lo que Jorquera ha lamentado que quien siempre se definió como "galleguista", por el diputado socialista, no apoye en Galicia lo que sí hizo el PSC en la Comunidad catalana.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La estructura de la propuesta está compuesta por cuatro títulos, dirigido el primero de ellos a definir el referendo y a incluir cuál debe ser la tramitación. Por ejemplo, incluye la posibilidad de retirar la propuesta de consulta, si bien no se podrá formular por parte del promotor una idea similar en los cuatro años siguientes.
Establece que, para las consultas populares por vía de referendo, en el ámbito de Galicia pueden ser impulsadas por las instituciones o por ciudadanos, permitiendo que sean los impulsores el gobierno de turno a propuesta de su presidente; una décima parte del Parlamento o dos grupos de la Cámara; y un 10 por ciento de los ayuntamientos, que deben representar como mínimo 250.000 habitantes.
En el caso de ser los ciudadanos los que las promuevan, deberán formar una comisión promotora, en la que no podrán estar miembros el ejecutivo, diputados, integrantes de las corporaciones locales, senadores o parlamentarios de otras cámaras. Este sistema, como en las iniciativas legislativas populares, requiere recabar un número de firmas.
Para las de ámbito municipal, pueden ser a propuesta del alcalde o de una cuarta parte de la corporación local, si parte de la vía institucional; mientras que si es ciudadana deberá ser el 10 por ciento de la población de los municipios de menos de 10.000 habitantes; el 8 por ciento en los que tengan entre 10.001 y 30.000 habitantes, y del 5 por ciento para los ayuntamientos con una población superior a 30.001 (incluido).