Piden siete años de prisión para el exalcalde de Fuente Palmera (PSOE) por supuesta malversación

El Ministerio Público solicita un total de siete años de prisión para el exalcalde de la localidad cordobesa de Fuente Palmera entre 1987 y 2003, Antonio Guisado (PSOE), la exconcejal de Hacienda, el exsecretario interventor y el extesorero, acusados de la supuesta comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos, tras presuntamente sacar más de 100.000 euros de las arcas municipales para "su propio provecho económico" de manera "arbitraria y sin habilitación presupuestaria previa" con la entrega de "recibos".

Asimismo, la Fiscalía Provincial de Córdoba pide un total de ocho años de inhabilitación para el exregidor y la exedil de Hacienda por la supuesta comisión de un delito continuado de prevaricación por presuntamente entregar más de 13.000 euros a "prestatarios de manera aleatoria". El juicio comienza el próximo 18 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

En concreto, según recoge la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, el exalcalde, la exconcejal de Hacienda y el exsecretario interventor, "en connivencia" con el extesorero supuestamente durante el período de sus mandatos, "sustrajeron dinero del Ayuntamiento de Fuente Palmera para su propio provecho económico, enriqueciéndose de esta forma y causando un grave perjuicio o quebranto a dicha corporación, prescindiendo de los mínimos criterios que deben guiar cualquier administración, de manera arbitraria y sin habilitación presupuestaria previa, a través de 'recibos' por entregas de dinero en efectivo de la caja del Ayuntamiento, que no tenían ningún reflejo en la contabilidad municipal ni documento alguno que justificara su gasto, ni fueron en algún momento reintegradas a las arcas municipales ni justificadas mediante soporte documental".

Según el fiscal, de este hecho existe "el ya reiterado recibo de retirada de dinero en efectivo", extendido bien por Antonio Guisado, por la exedil de Hacienda en el período en el que la misma ostentó el cargo de alcaldesa accidental del Consistorio durante los años 1999 a 2001, o bien por el exsecretario interventor, que supuestamente retiraban las cantidades del erario público "consentidas" por el extesorero de la corporación municipal.

No obstante, en agosto de 2003 se cesó mediante decreto al que hasta entonces había desempeñado el cargo de secretario interventor, nombrándose otro para el desempeño del cargo accidentalmente hasta que fuera cubierto, si bien éste último, en septiembre de 2004, revisando la documentación de Secretaría, encontró una carpeta en la que había recibos por entregas de dinero en efectivo de la caja del Ayuntamiento a diferentes personas, mandamientos de pago, albaranes, tickets de sumadoras y algunas facturas, "sin relación con expediente alguno y sin que exista anotación contable alguna que coincida exactamente en fecha, importe, concepto y preceptor, en la contabilidad municipal".

De este modo, dichos documentos, en lo que respecta a los recibos de entregas de dinero en efectivo de la caja del Ayuntamiento, mandamientos de pago y tickets fueron numerados por el secretario accidental, abarcando el período temporal comprendido entre el 5 de enero de 1989 y el 6 de mayo de 2003. Entre ellos, destacan un total de 12.200 euros de recibos por retirada de dinero para la adquisición de una cámara fotográfica y numerosos "sin especificación"; un total de 12.199 euros por otros recibos, entre los que se encuentra un viaje a Madrid, comidas y desplazamientos; más de 6.600 euros de recibos, como la entrega de una señal para la compra de farolas en Sevilla u otras compras de material para el Consistorio, o más de 3.600 euros en otros recibos "sin especificación".

Asimismo, el secretario numera entre los documentos, recibos por valor superior a 48.000 euros, "sin especificación", y otros 9.468 euros de un talón bancario y un anticipo del pago de una cena de funcionarios, según recoge el escrito del fiscal, que detalla que también en dicha carpeta existen recibos por otros 9.468 euros correspondientes a otros talones y un recibo por retirada de dinero en efectivo de la caja del Ayuntamiento, "sin fecha" y con "una firma desconocida".

PRESUNTO REPARTO "ALEATORIO" DE 13.000 EUROS

Por otra parte, el Ministerio Público relata que durante sus mandatos, el exalcalde y la exedil supuestamente acordaron el gasto de los fondos municipales, "por medio del ya referido mecanismo de los 'recibos' a cargo de la caja del Ayuntamiento, con el fin de dar créditos de vecinos de la localidad, sin tramitar expediente administrativo alguno, sin contar con previa dotación presupuestaria, sin justificar la necesidad de los mismos, eligiendo al prestatario de manera aleatoria sin criterio objetivo alguno y sin estar previsto la forma y plazos de su devolución". Según el fiscal, los recibos por retirada de dinero en efectivo de la caja del Consistorio hallados por el secretario accidental ascienden a 13.554 euros.

Mientras, el resto de recibos se destinaron a cuenta de nóminas y peonadas por un valor de 8.919 euros y a actividades diversas por valor de 13.601 euros, a desplazamientos, boletines y enganche de luz, pagos de trabajos en arquitectura u otros que "no tienen concepto". Supuestamente, en ninguno de estos casos se tramitó expediente administrativo alguno, ni existía previa dotación presupuestaria.

De este modo, el 23 de marzo de 2011, se emitió un informe pericial contable suscrito por una perito, en el que se concluye que los recibos especificados en la denuncia y que ascienden a la cuantía total de 101.969 euros, "no tienen reflejo en la contabilidad municipal". De dichos documentos se deduce que las personas beneficiarías de las subsiguientes retiradas de dinero en efectivo fueron el exalcalde --con 18.530 euros--, la exconcejal de Hacienda --con 10.268 euros-- y el exsecretario interventor --con 48.116 euros--.

De los demás recibos que constan en autos correspondientes a los comprendidos entre 1998 y 2001, se concreta que existen 192.549 euros correspondientes a "gastos no justificados, o indebidamente justificados, y que no tienen su reflejo en la contabilidad municipal", según el escrito del Ministerio Público.