Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Presidente Audiencia Guipúzcoa cree que el emplazamiento de Sortu a los presos "es un paso adelante"

Dice que los reclusos deben proceder a "una desvinculación clara y efectiva" de ETA, y que el acercamiento no es un derecho
El presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Iñaki Subijana, ha afirmado que "es un paso adelante" que Sortu haya emplazado al colectivo de presos de ETA, EPKK, a asumir la legalidad vigente, y cree que ello supone "un tránsito hacia la aceptación del Estado de Derecho". Para cumplir con la Ley, ha precisado que los reclusos deben proceder a "una desvinculación clara y efectiva" de ETA, y hacer lo que esté en su mano para restaurar el daño causado.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Subijana ha manifestado que, "cuando se hace una manifestación pública de que se asume la legalidad vigente y que, consecuentemente, las peticiones, en el marco de la ejecución penitenciarias se van a hacer con escrupuloso respeto a la legislación penitenciaria, supone un tránsito hacia la aceptación del Estado de Derecho".
El magistrado ha señalado que, para asumir la legalidad vigente, los reclusos deben proceder a "una desvinculación clara y efectiva de la organización terrorista" ETA, y también "llevar a cabo todo lo que está en su mano para restaurar el daño causado".
Estos requisitos, según ha explicado, se deben cumplir de una manera individualizada porque la política penitenciaria así lo contempla. De esta forma, se tiene que hacer "de forma expresa y dirigiéndose al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para que, a partir de ahí, se puedan tomar atenciones judiciales" sobre las opciones que existen en la Ley.
"Responden a mecánicas de restauración del daño, y por tanto, del reconocimiento de que se cometió una injusticia y que el daño causado ha sido injusto, y que se va a hacer todo lo posible para repararlo", ha añadido.
En este sentido, ha apuntado que la Justicia "siempre es una respuesta a la injusticia, y la respuesta a la justicia parte del reconocimiento de que se ha producido una injusticia y, a partir de eso, hacer todo lo que está en manos de uno para volver del estado de la injusticia al estado de la justicia".
PETICIÓN DE PERDON
A su juicio, eso, "en términos sustantivos y fuertes", implica la petición de perdón. "Cuando uno dice que reconoce el daño injusto, significa, en definitiva, que es consciente de que ha causado una injusticia y que se hace responsable de ella", ha indicado.
Iñaki Subijana ha manifestado que, según la Ley, no sería el colectivo de presos de ETA el que tuviera que hacer una declaración en ese sentido, sino que la legislación "siempre contempla estrategias individuales". "El tratamiento penitenciario es un instrumento jurídico individualizado que está pensado para cada uno de los penados y, consecuentemente, las peticiones se articulan en términos individuales", ha dicho.
No obstante, ha apuntado que "otra cosa es que haya contextos que lo favorezcan", y ha apuntado que "ésta es una exigencia común" a todos lo presos. "Eso conlleva, conectándola con la finalidad resocializadora, la posibilidad de que a un penado se le pueda clasificar en segundo o tercer grado, y a partir de ahí, que se puedan tomar decisiones de libertad condicional", ha señalado.
A su entender, "un reconocimiento del daño injusto siempre supone un paso adelante en la política de resocialización porque significa que alguien es consciente del daño causado y, consecuentemente, se encuentra en mejor posición para poder volver al entorno comunitario sin riesgo de volver a cometer un delito".
ACERCAMIENTO
En cuanto al acercamiento, ha afirmado que "también estaría dentro de esa dinámica de una política penitenciaria que tienda hacia la resocialización", y considera que, si los presos actuarán bajo la legalidad, se posibilitaría que se adoptaran decisiones en este sentido.
Para el presidente de la Audiencia guipuzcoana, tal como está contemplado en la legislación española, el acercamiento "no es un derecho". "Cuando hablamos de un derecho significa una opción ejercitable ante los órganos judiciales y que éstos necesariamente tienen que reconocer", ha añadido. En este sentido, ha aclarado que es "una aspiración, pero no un derecho".