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Prorrogan un mes más el secreto en el caso de los cursos de formación a desempleados en Málaga

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha acordado prorrogar durante un mes más el secreto de la causa sobre las presuntas irregularidades en la subvenciones para cursos de formación para desempleados, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Málaga por parte de la sección de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Seguridad Social y ha contado con varios informes policiales, en los que se apuntaba a falta de control a la hora de conceder los fondos de planes de promoción del empleo ejecutados por el Servicio Andaluz de Salud (SAE) y también en la justificación posterior.
Inicialmente las pesquisas se centraron en presuntas irregularidades en 17 de las 20 empresas que obtuvieron subvenciones públicas --por un valor algo menor de dos millones de euros-- en la convocatoria de diciembre de 2010 del programa para el empleo con compromiso de contratación, aunque los investigadores estarían examinando también otras convocatorias.
El pasado mes de junio la Fiscalía decidió remitir el caso a los juzgados de Málaga con el fin de que siguiera la investigación, solicitando la declaración en calidad de imputados de los responsables de las entidades, "así como respecto de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones".
El ministerio público estimaba que inicialmente podrían existir "indicios de responsabilidad penal", en concreto, de los delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción número 8 que se encuentra practicando diligencias.
Los investigadores de la UDEF relataban en los primeros informes supuestas irregularidades que habrían sido detectadas, tanto previamente, como la falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se concedieron los fondos mediante convenio; y también posteriores, por el supuesto incumplimiento en la contratación del 60 por ciento de los alumnos o posibles falsedades en los partes de asistencia.