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Ruz preguntará el martes a López Viejo si cobró 488.054 euros de la trama a cambio de contratos públicos

El informe final de Hacienda apunta que el exconsejero de Deportes madrileño pudo defraudar casi dos millones de euros
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar el próximo martes al exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo para interrogarle por el cobro de al menos 488.054 euros de la trama 'Gürtel' por su "mediación para la obtención de contratos y otras resoluciones administrativas favorables a los intereses de Francisco Correa", según consta en un nuevo informe de la Agencia Tributaria remitido al magistrado.
El informe final de conclusiones elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que el exconsejero obtuvo de las empresas de Correa 106.000 euros en 2004, 115.000 en 2005, 196.866,01 en 2006 y 70.188,55 en 2007 por la obtención de estas adjudicaciones.
También refleja que López Viejo, que ingresó junto a su mujer, Teresa Gabarra, 450.731,01 euros en el banco suizo Mirabaud en el año 2002, defraudó a Hacienda 1.925.718,14 euros en los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2006 y 2008.
La ONIF también destaca que en los años 2002, 2003 y 2008 el patrimonio del exconsejero madrileño "sufrió importantes acrecentamientos" que no se corresponden con las rentas que recibió como "empleado público de la Comunidad de Madrid y como diputado regional en la Asamblea".
"De manera que estas manifestaciones de riqueza no pueden haberse generado por ahorro de su renta declarada", concluye el organismo tributario. El exconsejero está imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.
COMISIÓN EN CADA OPERACIÓN
En un auto dictado en octubre pasado en el que el juez citó a declarar como testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Ruz señalaba que López Viejo recibió "cuantiosos pagos" de la red 'Gürtel' como consecuencia de "la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid".
De la instrucción se deduce que López Viejo ejerció labores de "intermediación" entre varias consejerías del Gobierno regional y la red de Correa a través de "sociedades pantalla o velo para ocultar la identidad de la empresa que realmente prestaba los servicios". Estas empresas intermedias, según el auto, solían recibir una comisión variable de entre el 5 y el 11,5 por ciento del contrato adjudicado.
El juez cifró entonces en 8,7 millones de euros el importe pagado por la Comunidad de Madrid a las empresas de la trama 'Gürtel', que habrían obtenido un beneficio irregular de 4,9 millones de euros. Este dinero se habría repartido en "abonos a favor" de López Viejo, comisiones a personas vinculadas con las empresas de Correa y un porcentaje del 5 por ciento para la empresa Over.