El SISEJ difunde un decreto entre secretarios judiciales para que los jueces planteen al TC sus dudas sobre las tasas

El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha puesto a disposición de este colectivo un modelo de decreto que, de modo inmediato y ante la presentación de una demanda que no acompañe el justificante de pago de la tasa judicial, traslade la misma al juez o magistrado a los efectos de plantear "directamente" la cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional.

El SISEJ ha animado a todos los secretarios judiciales a utilizar de forma "masiva" este modelo de resolución, así como a remitir al sindicato cuantas iniciativas y propuestas legales que contribuyan a "luchar" contra los efectos de la aplicación de la ley de tasas judiciales, las cuales comenzarán a cobrarse desde este lunes.

"La situación de involución y retroceso que experimentan la Justicia, los servicios públicos y, en general, los derechos ciudadanos, junto a la grave situación socioeconómicas a la que se está arrastrando a la sociedad, hacen que no podamos permanecer impasibles o refugiados en una estricta aplicación neutral de una ley que estimamos injusta y de dudosa constitucionalidad", ha alegado.

El SISEJ ha manifestado así su "clara oposición" a la ley de tasas judiciales por las consecuencias que acarreará para la ciudadanía y para el servicio público de la Justicia.

En el modelo de decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, se alude a las demandas o recursos que no adjunten el justificante de liquidación y, en su caso, el pago de la tasa. Invoca a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y al artículo 24 de la Carta Magna que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces.

"Así pues, ninguna decisión del secretario judicial puede privar a los ciudadanos de la posibilidad de obtener esa tutela", advierte la asociación, para precisar que los secretarios deciden sobre la admisión a trámite de las demandas y los recursos pero no sobre su inadmisión que, hoy por hoy, queda reservada a los jueces.

Así, recalca que cualquier interpretación de la norma sólo tiene cabida en el ordenamiento jurídico si mantiene un "absoluto respeto" a este derecho fundamental y avisa de la "potencial inconstitucionalidad de la norma si se espera que el Secretario judicial cercene las posibilidades de acceso de los ciudadanos a la tutela judicial por el hecho de no liquidar una tasa".

COMUNICACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Además, el modelo pone de relieve que el artículo 460 de la Ley Orgánica del Poder Judicial impone a los secretarios el deber de colaborar con la Administración tributaria "en la gestión de los tributos que les sea encomendada en la normativa específica".

En este punto, señala que en la anterior normativa reguladora de las tasas estaba prevista esta colaboración y en ella "se contemplaba también un plazo de subsanación de 10 días que, sin embargo, la actual no prevé".

Sin embargo, consideran razonable determinar en qué tiempo podrá la parte subsanar este requisito antes de cualquier otra actuación. "Por lo tanto, el transcurso de ese plazo sin atender al requerimiento supondrá, exclusivamente, que el Secretario judicial remita comunicación a la Administración Tributaria por si procede la adopción de medidas para exacción de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional", añade.

Además de este traslado a la Administración Tributaria, el modelo dispone que el secretario judicial de cuenta al juez de la presentación de la demanda sin el debido justificante para que resuelva "lo que proceda sobre su admisión a trámite".

ORDEN "SORPRENDENTE" DE HACIENDA

Por su parte, el portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Carlos Artal, ha calificado de "increíble" y "sorprendente" que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas regule en la orden sobre la liquidación de las tasas funciones de los fedatarios públicos.

A su juicio, continúa "el caos jurídico en el que se ha embarcado el Ministerio de Gallardón". Artal ha advertido, en declaraciones a Europa Press, de "la importante cantidad de dinero" y "los millones de euros" perdidos durante el tiempo en que no se han aplicado tasas judiciales por la falta de formularios.

La UPSJ acordó el pasado viernes seguir manteniendo su postura crítica hasta que el Ministerio de Justicia "cambie de rumbo" y critica que se asemeje a los secretarios judiciales a jueces y magistrados en obligaciones, pero no en derechos.