Serafín Castellano, la eterna pieza del Gobierno valenciano que acaba siendo detenido por sus propios subordinados

Su arresto se ha producido en un momento en el que estaba ocupando el cargo de delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, puesto al que fue destinado el pasado mes de junio de 2014. Esta fecha puso fin a su etapa en el Gobierno valenciano, y desde entonces ha estado representando en la autonomía al Ejecutivo nacional.

Castellano, de 51 años, natural del municipio valenciano de Benissanó y licenciado en Derecho por la Universitat de València (UV), ha estado ligado casi toda su vida a la política. Con tan solo 27 años fue alcalde de su localidad, cargo que ocupó desde 1991 y hasta 1999.

De ahí ya pasó a hacerse un hueco en el Gobierno valenciano de la mano de Eduardo Zaplana, y supo mantenerse en primera línea política durante 15 años, a pesar de ser considerado como 'zaplanista', resistiendo con otros presidentes de la Generalitat como José Luis Olivas, Francisco Camps --a quien se le llegó a escenificar un "plante" por los afines a Zaplana-- y Alberto Fabra.

En esta larga etapa, Castellano, conocido por su afición a la caza y a la pilota valenciana, ha dirigido diversas carteras, como la de Justicia y Administraciones Públicas, la de Sanidad y la de Gobernación. En sus últimos días en el Consell unía en su departamento Gobernación y Justicia.

Este veterano de la escena política valenciana ha sido también diputado autonómico por Valencia desde la tercera legislatura y hasta su nombramiento como delegado del Gobierno. En el ámbito parlamentario ha tenido diferentes responsabilidades como portavoz del grupo parlamentario popular o ponente en la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, de 1995 a 1999 presidió la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y, en el seno del Partido Popular, ha sido coordinador general de PPCV, vicesecretario general de la Comunitat Valenciana, presidente provincial de Valencia y secretario general de los 'populares' valencianos.

Fue en junio de 2014 cuando el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, acordó, en una reunión mantenida con los presidentes provinciales y con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sustituir a Castellano al frente de la secretaría general del partido por la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig.

A partir de esa fecha pasó a ocupar el cargo de delegado del Gobierno en la Comunitat, sustituyendo a Paula Sánchez de León. Casi cuando iba a cumplir un año en este puesto, la Policía, sus subordinados, le han arrestado en una operación coordinada por Fiscalía Anticorrupción de Valencia y a requerimiento judicial.

CASO TARONCHER

Castellano, en su trayectoria pública, se ha visto salpicado por otros presuntos asuntos de corrupción, que no han llegado a cuajar en su contra. Entre ellos, está el conocido como 'caso Taroncher', que finalmente fue archivado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) cuando consideró que no se habían objetivado indicios de cierta consistencia o solidez sobre hechos constitutivos de infracción penal.

En este caso fue la Asociación contra la Corrupción la que interpuso la querella contra Castellano, su mujer, el empresario José Miguel Taroncher y la esposa de este último por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, un delito de negocio y actividades prohibidas a los funcionarios y los abusos en el ejercicio de su función en relación a unas contrataciones supuestamente irregulares adjudicadas a Construcciones Taroncher por el exconseller desde los distintos departamentos por los que ha pasado en la Administración valenciana.

Esta misma asociación también le denunció siendo aún conseller por seis adjudicaciones que hizo a la empresa Over Marketing --investigada en el caso 'Palma Arena'-- y Comunicación S.L. por 2.981.358 euros en su etapa en la Conselleria de Sanidad, entre los años 2000 y 2003. El caso se judicializó en 2014 para investigar una posible malversasción en los contratos firmados entre Sanidad y la empresa, y se admitió una querella contra dos ex altos cargos de Sanidad --secretario general y director general de Recursos Humanos-- y una tercera persona cuya identidad no ha trascendido.

Según las denuncias formuladas sobre este caso por EUPV, la Generalitat adjudicó a esta empresa contratos por más de seis millones de euros enmtre 2002 y 2005 "en adjudicaciones a dedo de contratos emnores o en concursos en que la ofertad de esa empresa no era la más barata".

AVIALSA

A mediados de 2014, Castellano volvió a ponerse en el punto de vista judicial tras la denuncia que le interpuso el exgerente de la empresa Avialsa sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión de los contratos otorgados por el exconseller a esta mercantil --con cuyo presidente coincidió en cacerías-- entre los años 2008 y 2010.

Esta última investigación judicial parece que ha dado más frutos que la del caso Taroncher, puesto que Fiscalía ha considerado que existen suficientes indicios de delito como para denunciar los hechos en el juzgado y detenerle este viernes, junto a otras ocho personas más.