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El Supremo archiva formalmente la causa contra el exministro José Blanco

El Tribunal Supremo ha archivado formalmente la causa seguida en el Tribunal Supremo contra exministro de Fomento José Blanco mediante un auto en el que instructor del caso, José Ramón Soriano, acuerda el sobreseimiento y archivo de la instrucción en consonancia con la decisión adoptada el pasado 18 de julio por la Sala de Recursos a petición del mandatario socialista.
La resolución deja sin efecto todas las imputaciones del procedimiento, que se seguían contra Blanco y otras personas por un delito de tráfico de influencias y cohecho. Así, son desimputados el primo político de Blanco Manuel Bran, su socio José Antonio Espileira y varios empresarios que fueron investigados por el alto tribunal, como José Antonio Orozco o Xoan Manuel Bazarra.
Pese a que Soriano había propuesto formalmente que se tramitara el suplicatorio al Congreso de los Diputados para juzgar al exministro por un delito de tráfico de influencias, tras la decisión de la Sala ahora afirma que practicadas todas las diligencias necesarias "no ha quedado acreditada su perpetración".
Añade que no se ha encontrado testimonio ni documento alguno que avale las acusaciones contra Blanco del empresario farmaceútico Jorge Dorribo -que le atribuyó el cobro en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) de 200.000 euros en metálico-, y que en definitiva "todas las diligencias practicadas en orden al delito de cohecho han dado un resultado negativo". Tampoco hay indicio alguno del delito de prevaricación del que la Fiscalía acusaba al exministro del PSOE.
Soriano es contundente al exonerar ahora a Blanco pese a que antes de la decisión de la Sala consideraba que el exministro socialista "intervino notoriamente", si bien a través de terceros, para llegar al alcalde de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) al objeto de que tratara de otorgar una licencia para la reforma de una nave a la empresa Azkar, cuyo vicepresidente es su "amigo personal" José Antonio Orozco, "sin necesidad de llevar a cabo alteraciones en el proyecto" que éste le había presentado "evitándole así desembolsar importantes cantidades".
La Sala de lo Penal estableció, sin embargo, que "la causalidad entre la gestión de la entrevista y la modificación" que se obró después en los informes municipales para la concesión de la licencia "carece de soporte probatorio".