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El TUE confirma la ilegalidad del pacto de no agresión en mercado ibérico entre Telefónica y Portugal Telecom

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado este martes la sanción impuesta por la Comisión Europea a Telefónica por los acuerdos ilegales alcanzados con Portugal Telecom en 2010, aunque ha pedido a Bruselas que recalcule el monto de la multa, fijada entonces en 67 millones de euros La compañía lusa fue multada también con 12,3 millones de euros y ambas compañías recurrieron ante la Justicia europea y solicitaron que se anulara la sanción.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado este martes la sanción impuesta por la Comisión Europea a Telefónica por los acuerdos ilegales alcanzados con Portugal Telecom en 2010, aunque ha pedido a Bruselas que recalcule el monto de la multa, fijada entonces en 67 millones de euros
La compañía lusa fue multada también con 12,3 millones de euros y ambas compañías recurrieron ante la Justicia europea y solicitaron que se anulara la sanción.
En su sentencia de hoy, el Tribunal General de la UE ha confirmado la ilegalidad de la cláusula de no competencia incluida en la venta a Telefónica del operador brasileño de telefonía móvil Vivo.
Sin embargo, el Tribunal ha pedido a la Comisión que determine de nuevo las ventas relacionadas directa o indirectamente con la infracción, a efectos del cálculo de las multas impuestas.
El fallo considera que la Comisión no estaba obligada, como afirman PT y Telefónica, a llevar a cabo un análisis detallado de la estructura de los mercados afectados y de la competencia potencial entre las partes para concluir que la cláusula constituía una restricción de la competencia por el objeto.
El Ejecutivo comunitario sancionó al grupo español por suscribir un acuerdo ilegal con Portugal Telecom para no competir en el mercado ibérico de telecomunicaciones, lo que se tradujo en precios más altos y menos opciones para los consumidores.
El pacto en cuestión se cerró en julio de 2010, como parte de la adquisición por Telefónica del control exclusivo del operador brasileño de telefonía móvil Vivo, hasta ese momento propiedad conjunta de ambas partes.
Las compañías incluyeron una cláusula en el contrato en la que indicaban que no competirían entre sí en España y Portugal a partir de finales de septiembre de 2010. Estaba previsto que se aplicara hasta finales de 2011, pero ambas compañías lo anularon en febrero de ese año cuando Bruselas inició su investigación.