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El Tribunal de Cuentas realizará más fiscalizaciones sobre contratación coordinadamente con sus homólogos autonómicos

El Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas (OCEX) han acordado este lunes incrementar los informes de fiscalización sobre contratación pública que realizan de forma coordinada, en aras a garantizar un "especial control" en este "área de riesgo" de su responsabilidad.
En una nota de prensa, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda explica que en la reunión de la Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas y los OCEX celebrada en Zaragoza se ha deliberado sobre qué aspectos de la gestión económico-financiera del ámbito autonómico pueden abordarse con un control de carácter horizontal.
De este modo, áreas de gran "trascendencia, oportunidad y común interés" contarían con resultados "completos y homogéneos" que tanto las asambleas regionales como las Cortes Generales podrían utilizar. Entre otras materias, se ha mencionado explícitamente el ámbito de la contratación pública.
MEJOR CONTROL EXTERNO
A juicio del Tribunal y de los OCEX, este tipo de actuaciones coordinadas de control externo "facilitan el ejercicio de las funciones públicas" y permiten un mejor control de la actividad gubernamental autonómica, garantizando además información técnica relativa al funcionamiento y efectos económico-financieros tanto de los órganos del sector público autonómico examinados como de aquellos instrumentos de gestión económica que les han sido confiados.
"A través de ello se busca el enriquecimiento del acervo económico administrativo español mediante la valoración y comparación de las diversas soluciones adoptadas en relación con las cuestiones examinadas y la propuesta y recomendación de aquellas soluciones que han ofrecido un mejor resultado o que, en su conjunto, pueden ofrecerlo", añade el Tribunal.
En la reunión también se han realizado actuaciones coordinadas que ya se están llevando a cabo, tales como las fiscalizaciones del uso de las encomiendas de gestión por parte de las entidades del sector público.