UPyD pide que Díaz, Valderas y Cortés comparezcan en una comisión de investigación del parlamento andaluz sobre realojos

En el escrito registrado, al que ha tenido acceso Europa Press, De la Herrán expone que los motivos que han llevado a la restitución "en 24 horas" de las competencias de adjudicación de vivienda a la Consejería de Fomento y Vivienda no han sido explicados por parte de la Junta a los ciudadanos, siendo ésta una decisión que transmite "descontrol, improvisación, descoordinación e irresponsabilidad".

Por todo ello, el dirigente de UPyD solicita la creación de una comisión de investigación en la que Valderas y Cortés expliquen por qué no comparecieron públicamente el pasado viernes 11 de abril, tras la reunión que la dirección colegiada de IULV-CA celebró en el Parlamento.

También solicita que aclaren por qué razón habló de las conclusiones de dicha reunión el coordinador general de su formación, Antonio Maíllo, sin ser diputado. "Ambos representantes del Gobierno andaluz tampoco explicaron ni justificaron a los ciudadanos a qué se refería Maíllo cuando habló de suspensión momentánea del acuerdo programático de gobierno", se añade en el documento.

El portavoz de UPyD reclama que la consejera detalle el procedimiento y criterio establecido el pasado 9 de abril en la entrega de llaves de diez pisos a personas que habían sido desalojadas de La Corrala Utopía, a pesar de que, según informaron los medios de comunicación, "la presidenta de la Junta había ordenado que no se llevara a cabo esta medida, ya que los servicios de la Junta aseguraron que era ilegal, en tanto que la administración no podía saltarse la lista oficial de demandantes".

Otra de las peticiones de la formación magenta es que el vicepresidente y la consejera indiquen si conocían que la portavoz de la corrala Utopía, Irma Blanco, no sólo había concurrido en listas de IU a las elecciones municipales de 2003, sino que también trabaja en el Ayuntamiento sevillano de Villaverde, "donde ejerce como responsable de un taller de empleo, y que, por tanto, si consideran que esta persona se encuentra en estado de riesgo de exclusión".

Tras demandar también que se publiquen los estudios individualizados de cada una de las personas que recibieron una de las llaves entregadas en dicha fecha, De la Herrán exige que Díaz, Valderas y Cortés aclaren si sabían que, según informan los medios de comunicación, "sólo ocho de las 22 familias que ocupaban la Corrala estaban en riesgo de exclusión social".

POSIBLE PREVARICACIÓN

Además, UPyD quiere que estos tres dirigentes del Gobierno andaluz aclaren si sabían que realojar al resto de familias suponía otorgarles una vivienda "de forma privilegiada y presuntamente ilegal por delante de otras familias que se encuentran en lista de espera de adjudicación de viviendas", y que publiquen los informes jurídicos con los que hayan contado, a los efectos de determinar si pudieran haber incurrido "en un delito de prevaricación".

Finalmente, De la Herrán requiere que Díaz informe y publique los criterios que motivaron la firma de dos decretos "completamente contradictorios" y si reconoce que se excedió retirando las competencias de adjudicación de viviendas para devolverlas en menos de 24 horas. "Díaz, Valderas y Cortés tienen que explicar con total transparencia cada una de sus decisiones y publiquen toda la documentación que acredite que cada una de estas adjudicaciones cumplen con los requisitos legales", concluye el documento.