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Urkullu presidirá el sábado un acto para reconocer a 187 víctimas "por abuso de poder" o violencia policial "ilegítima"

El 36% son víctimas de "malos tratos y torturas" en comisarías y el 16% muertes por armas de fuego de las FSE y el 30% heridas por disparos
El lehendakari, Iñigo Urkullu, presidirá este próximo sábado en San Sebastián un acto de reconocimiento a 187 personas como "víctimas de vulneraciones de derechos humanos causadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial entre 1960 y 1978". Se trata del primer acto institucional de estas características.
Según ha informado Lehendakaritza, la Comisión de Valoración del Decreto 1907/2012 de reconocimiento y reparación de estas víctimas ha reconocido a un total de 187 personas. En un informe que se ha remitido al Parlamento vasco, la Comisión analiza el trabajo elaborado durante tres años y medio en relación a las solicitudes recibidas y reconocidas en el marco del Decreto.
De las 239 solicitudes presentadas, el 80% han obtenido el reconocimiento de la condición de víctima al amparo del Decreto 107/102. Del total de las víctimas reconocidas, el 16% corresponde a "muertes como consecuencia de armas de fuego por parte de Fuerzas de Seguridad del Estado, especialmente en manifestaciones, controles de carretera o altercado, entre otros; el 30% son personas "heridas por armas de fuego en circunstancias parecidas"; el 7% son heridas por artefactos utilizados para disolver manifestaciones, el 36% víctimas "de malos tratos y torturas en detenciones en comisarías; y el 11% restante son "casos de otras circunstancias o hechos".
La comisión ha desestimado 52 solicitudes, pero "no porque no se traten de víctimas de violaciones de derechos humanos, sino por motivos formales".
TRABAJO DE LA COMISIÓN
El Decreto 107/2012 de reconocimiento a estas víctimas prevé, en su artículo 6, la creación de una Comisión que se encarga de tramitar y valorar las solicitudes presentadas. Desde su creación el 20 de junio de 2012, la Comisión se ha reunido en 73 ocasiones, ha recogido el testimonio de 210 personas y ha elaborado 239 dictámenes.
El informe remitido este jueves al Parlamento es un avance que se completará durante 2016 y dará cuenta del trabajo realizado y la experiencia de las víctimas.
En el documentos, se detallan las características de estas violaciones de derechos humanos: indiscriminación e intencionalidad, amplitud de la violencia y las violaciones de derechos humanos, inseguridad y riesgo vital, y falta de protección e impunidad.
La Comisión describe los diferentes contextos en los que se han dado estas violaciones de derechos humanos, como "manifestaciones y usos excesivo e indiscriminado de la fuerza(se han analizado 31 casos en este apartado), atentados (se han analizado cuatro casos), controles de carretera (siete identificados), detenciones arbitrarias y torturas (72 casos analizados, y violencia sexual (analizado y reconocido un caso de violación y varios casos de agresión sexual).
CONTEXTO HISTÓRICO
Según apunta, el régimen franquista "incrementó su represión en los años 60 contra cualquier protesta y oposición política". "El Tribunal de Orden Público formado en 1963 para la persecución de los delitos vinculados a la oposición al régimen, junto a los consejos de guerra sumarísimos, se convirtieron en los instrumentos represivos más importantes de la dictadura", destaca.
En este sentido, subraya que el número mayor de casos analizados se concentra en el periodo de 1975 a 1978, y solicitudes correspondientes a 1976 las más numerosas, debido, principalmente, a los sucesos del 3 de marzo en Vitoria.
El informe elaborado por la Comisión ofrece recomendaciones para el adecuado desarrollo de las políticas públicas de reconocimiento y reparación a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos.
En este sentido, insta a "completar, cuanto antes, la normativa que permita el reconocimiento y reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en un contexto de violencia de motivación política hasta la actualidad".
Asimismo, aconseja la realización de un acto público de reconocimiento y la incorporación de estas víctimas en actos de memoria que se celebren.
La Comisión pone de manifiesto "la importancia de que cualquier proceso de reconocimiento y reparación futuro cuente con los recursos humanos y materiales apropiados". En ese sentido, recomienda que esta cuestión se tenga en cuenta la hora de diseñar cualquier nuevo proceso de este tipo.