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Valderas dice que se abre "una nueva etapa" en el Gobierno andaluz porque ningún consejero está "señalado" por ERE

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha destacado este jueves que se abre "una nueva etapa" en el Gobierno andaluz presidido por Susana Díaz, puesto que ninguno de sus consejeros puede ser "señalado" por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
En respuesta a una pregunta oral formulada por el PP en el Pleno del Parlamento, Valderas ha acusado a los 'populares' de "tergiversar" de manera interesada las declaraciones que hizo en el mes de agosto sobre que Andalucía tenía que "pasar página" de los ERE "conociendo el alcance y las responsabilidades políticas y penales".
La diputada 'popular' Esperanza Oña, que ha advertido de que en el caso de los ERE hay que pasar página "pero hacia atrás para descubrir lo que usted se ha prestado a ocultar desde que es consejero", ha acusado a Valderas de hacer un "ejercicio de transformismo político".
"Antes de entrar en el Gobierno hablaba de mal uso de los fondos públicos, de tráfico de influencias y malversación e incluso pedía la dimisión de Griñán", ha recordado la diputada del PP-A, quien ha considerado que esas declaraciones las hacía "el Valderas de antes, quien ahora mantiene una actitud conformista y se despide de la ética y la honradez".
En su turno de réplica, el vicepresidente de la Junta ha afirmado que el PP no puede dar lecciones de ética ni de credibilidad porque este partido tiene "220 cargos públicos imputados en más de 176 casos de corrupción" en toda España, entre ellos, el caso Bárcenas, "donde se han repartido miles de sobres con dinero B, entre ellos al presidente del Gobierno".
"Es su partido el que está bajo sospecha de corrupción y no Izquierda Unida", ha destacado Valderas, quien le ha recordado al PP que fue la federación de izquierdas quien impulsó la comisión de investigación en el Parlamento sobre los ERE, mientras que el PP-A votó en contra de una propuesta de dictamen que señalaba responsabilidades políticas.