Zarrías acusa al instructor de los ERE en el TS de proceder contra él sin revisar la documentación de la Junta

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que las partes recibieron ayer una providencia en la que, con fecha del 2 de julio, el instructor tiene por recibida dicha documentación, relativa al proyecto de Ley de Presupuestos de los años 2000 a 2003.

En el escrito firmado por el abogado de Zarrías, Gonzalo*Martínez Fresneda, se considera de enorme*relevancia la citada providencia, pues permite demostrar que el instructor no valoró estos documentos en su exposición razonada y que ni siquiera los tuvo a la vista el resultado de diligencias que él mismo había acordado.

"YA TENÍA UNA DECISIÓN"

"Lo procedente y lo lógico es que cuando el instructor ha solicitado unas diligencias de prueba, entendiéndolas útiles y pertinentes para la instrucción, haga honor a este juicio de pertinentecia esperando su resultado para extraer las conclusiones pertinentes", razona el abogado, que añade que el haber obviado el resultado de estas diligencias "sugiere que el instructor ya tenía tomada una decisión desde el principio de la instrucción".

Esta parte añade que no entiende por qué la documentación de la Junta de Andalucía, que tuvo entrada en el Tribunal Supremo el pasado 16 de junio, no ha sido proveída ni trasladada a las partes hasta ayer, una vez ya se dictó la exposición razonada contra los aforados en esta causa.

La ampliación del recurso incide en que no consta en los archivos, bases de datos o fuentes de información consultadas, ninguna resolución ni disposición alguna dictadas por Zarrías relativo a la concesión de ayudas socio-laborales investigadas, por lo que el exconsejero insiste en que es completamente ajeno a las decisiones relativas a la concesión de estas ayudas.

Igualmente, la documentación recibida*demuestra, según la defensa del exparlamentario, que la Mesa del Parlamento fue informada puntualmente de todas las modificaciones presupuestarias aprobadas en Consejo de Gobierno, sin que durante diez años mostrara reserva alguna sobre la legalidad del procedimiento.