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Las actuaciones de emergencia para la ribera del Gállego, dotadas con dos millones

El Consejo de Gobierno de Aragón ha acordado este martes dotar con 1.940.382 euros la realización de actuaciones de emergencia en los sistemas de abastecimiento de agua de los municipios de la ribera del río Gállego.
El Instituto Aragonés del Agua (IAA) está llevando a cabo estas obras como consecuencia de la contaminación del río con hexaclorociclohexano (HCH), es decir, lindano, y el objetivo es reparar los daños producidos en el abastecimiento de agua para consumo humano de los municipios que se abastecen de este río.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que "la gran mayoría" de estas obras consisten en instalar filtros de carbono para retirar el agua con pesticida. Además, se ha dado el visto bueno a la contratación de la empresa que investiga la causa del vertido.
Concretamente, los municipios en los que se actuará son Villanueva de Gállego, Biscarrués, Eres, Caldearenas, Latre, Estallo, Anzánigo, Javierrelatre, Marracos, Piedratajada, Ardisa, Casas de Esper, Santa Eulalia de Gállego, Morán, Lupiñén-Ortilla y Tormos.
También se realizarán actuaciones en Alcalá de Gurrea, Almudévar, Valsalada, San Jorge, Artasona del Llano, Senes de Alcubierre, Torralba de Aragón, Tardienta, Robres, Alcubierre, San Mateo y Gurrea de Gállego.
Bermúdez de Castro ha dicho que el Ejecutivo está a disposición de los tribunales. Si el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil interpone una denuncia y el juez la admite a trámite, el Gobierno aportará toda la documentación que se le solicite y explicará las actuaciones realizadas.
Ha recordado que el Gobierno regional emprendió acciones legales el pasado mes de julio para que la empresa Inquinosa, responsable del vertido en los años 70 y 80 del siglo pasado, en Sabiñánigo, resarza a la Comunidad Autónoma por el daño causado.
"Nosotros pedimos al juzgado que rastree todos los bienes" de los propietarios de la empresa, ha dicho Bermúdez de Castro, añadiendo que "es lamentable lo que se hizo en Inquinosa hace 30 o 40 años".
Ahora, el Ejecutivo trabaja para firmar un "buen convenio" con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para limpiar el vertedero de Bailín y el entorno de Sabiñánigo y el río Gállego.
AGUA NO APTA
A lo largo del mes de septiembre, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha calificado como no apta para el consumo humano, por superar los límites de lindano establecidos el agua procedente del río Gállego que abastece a varias poblaciones. Dichos municipios son Villanueva de Gállego, Biscarrués, Ardisa, Piedratajada, Marracos, y Santa Eulalia de Gállego.
En otros abastecimientos, la contaminación de las aguas del río por lindano ha afectado a las captaciones de agua, aunque las analíticas no dan valores que superen los límites permitidos en el agua de boca, por lo que también se ha considerado necesario colocar filtros de carbono activo en sus depósitos. Estas poblaciones son Anzánigo, Caldearenas, Latre, Estallo, Javierrelatre, Lupiñén-Ortilla, Tormos, Alcalá de Gurrea, Almudévar, Valsalada, San Jorge, y Artasona del Llano.
Hay otros municipios que se abastecen del Canal de Monegros, el cual toma agua del embalse de La Sotonera, donde el nivel de lindano tampoco ha superado lo permitido para el agua de boca, pero para asegurar el abastecimiento es necesaria la mejora de sus plantas potabilizadoras para eliminar toda contaminación. Estas poblaciones son Senes de Alcubierre, Torralba de Aragón, Tardienta, Robres, Alcubierre, San Mateo y Gurrea de Gállego.
Una situación extraordinaria que ha exigido una inmediata respuesta para cubrir todas las necesidades que se derivan de la magnitud de los daños producidos con objeto de remediar los perjuicios a la salud que representan la presencia de lindano en el agua potable de las poblaciones afectadas.
Para ello se ha procedido a la contratación de las actuaciones necesarias, mediante trámite de emergencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de contratos del sector público, que permite su uso cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata por acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o que afecten a la seguridad nacional.