La juez decreta prisión incondicional para el presidente de Vitaldent y otros tres miembros de su cúpula

Así lo ha decretado el juez en un auto dictado tras la comparecencia de los detenidos este martes y a instancias de lo solicitado por la Fiscalía, han precisado fuentes jurídicas. El presidente de Vitaldent se ha acogido a su derecho de no declarar.

Además, las acusaciones particulares han solicitado al magistrado que nombre un administrador de la empresa para dar continuidad a la gestión de las clínicas.

El primero de los cuatro en declarar ha sido Nicolás Sassini, el abogado de las clínicas, y tras él ha sido el turno del vicepresidente de la marca, Bartolo Conte. En tercer lugar ha prestado declaración J. Arteaga. Los tres han respondido a las preguntas planteadas por el fiscal anticorrupción José Grinda. El único que se ha acogido a su derecho a no declarar ha sido el presidente de las clínicas, Ernesto Colman.

A los mismos juzgados han sido trasladados en diferentes coches policiales el resto de los detenidos en la 'Operación Topolino', hasta 10 en total, que también declararán a lo largo de la jornada de este miércoles. En un principio fueron 13 los detenidos en dicha operación, sin embargo tres de ellos han sido puestos en libertad con cargos sin pasar a disposición policial.

Mientras, los cuatro primeros detenidos en prestar declaración -Conte, Colman, Arteaga y Sassini-- se encuentran a la espera de que la jueza dicte las medidas cautelares que adopta con ellos.

Los abogados de los franquiciados de las clínicas dentales Vitaldent han afirmado antes de la declaración de los detenidos que sus clientes estaban sujetos a un sistema de franquicias "salvaje" en el que el 98 por ciento de las cláusulas de los contratos eran penales, es decir, "se castigaba todo sin ningún tipo de contraprestación".

La Fiscalía Anticorrupción había pedido prisión provisional sin fianza para el dueño de Vitaldent y los otros tres detenidos tras ser arrestados en el marco de la 'operación Topolino' contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales,

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó este martes la operación ante la sospecha de que el propietario de la cadena especializada en salud dental estaba exigiendo a sus franquiciados que le pagasen el 10 por ciento de lo acordado en metálico. Los investigadores cifran el fraude en torno a los 10 millones de euros.