El denunciante de la desaladora de Escombreras asegura que toma el agua de una zona potencialmente contaminada

El abogado murciano Diego de Ramón amplió hace tres meses la querella contra la desaladora de Escombreras añadiendo el delito contra la salud pública y el medio ambiente, al considerar que la planta absorbe el agua que va a ser desalinizada de una zona como la dársena en la que hay "toda clase de metales pesados", todo ello "ignorándose la depuración".

El abogado basa su querella en los informes del año 2008 de Greenpeace sobre el fondo submarino del Valle de Escombreras que señalan la existencia de metales pesados. Además, recuerda que las Naciones Unidas ha llegado a señalar a Cartagena como "punto de contaminación", y la Agencia Europea de Medio Ambiente considera que la bahía de Cartagena y el Valle de Escombreras son "puntos de alarma" por este motivo.

En este sentido, remarca que el 29 por ciento de mercurio que se vierte al Mar Mediterráneo se hace desde este lugar de Cartagena. Además, lamenta que se vierten próximo a un espacio protegido de la Red Natura 2000, "como es la franja del litoral sumergida en la Región de Murcia, un lugar de importancia comunitaria por sus valores marinos".

Los niveles de contaminación y la toxicidad de los vertidos en Cartagena, según De Ramón, "no solo afectan al Medio Ambiente; pues según los estudios epidemiológicos realizados a escala nacional, los cánceres de pleura, hematológicos (mioloma), laringe y pulmón, en Cartagena, son superiores a la media española".

A la vista de ello, el abogado murciano solicita estudios y análisis en cualquier parte del fondo submarino del Valle de Escombreras, y apunta como responsables a los "gestores políticos que crearon la desaladora con su colaboración y aporte de los presupuestos regionales".

En concreto, pide al Servicio de Salud Publica de Cartagena los análisis que hace a la Desaladora de Escombreras, y que los datos sean comprobados por la Policía Judicial, la Guardia Civil del Mar y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los registros realizados en las sociedades creadas en torno a la desaladora.

De la misma forma, solicita una investigación personal del ex consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, y al ex presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, para aclarar "las subvenciones que hicieron a la desaladora y a las sociedades creadas, así como el dinero recibido por los convenios urbanísticos en toda la Región y el IBI repercutido por el terreno recalificado".

Igualmente, solicita que se expida requerimiento de colaboración de auxilio judicial a la Interpol "para que se examinen a través de la Oficina de Lucha contra el Fraude las posibles ayudas europeas que hayan podido obtener para la construcción de la Desaladora".

"CERDÁ Y ARNALDOS, LOS MÁS SEÑALADOS"

En declaraciones a Europa Press, De Ramón ha afirmado que el ex consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, y el abogado Andrés Arnaldos, que presuntamente ejerció como secretario de la desaladora de Escombreras y asesoró al entramado societario, son las dos personas "más señaladas" en la investigación, junto con todos los miembros del Ente Público del Agua.

En concreto, lamenta que los denunciados perseguían "dar agua a las recalificaciones urbanísticas" y no para la agricultura, pues para regar "harían falta 43 hectómetros cúbicos, y la Desaladora nunca ha dado ni siquiera la mitad".

En este sentido, ha desmentido al ex consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, y al ex presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, cuando dicen que la planta es rentable, pues "nos cuestan 40.000 euros de pérdidas a los murcianos todos los días".