El exalcalde socialista de La Rambla (Córdoba) va a juicio este martes acusado de prevaricación

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, el exregidor solicitó una subvención a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta el 12 de enero de 2010, con el fin de "equipar con el mobiliario ergonómico adecuado, la Unidad de Estancia Diurna, sita en el edificio de la Aduana".

Posteriormente, el 15 de julio de ese mismo año, Fernández Campos aceptó el importe propuesto por la Junta, que ascendía a 28.159 euros, "con el compromiso de justificar los gastos realizados", según relata el fiscal, que precisa que la cantidad está a disposición del Ayuntamiento el 22 de diciembre de 2010.

No obstante, el entonces regidor emitió dos decretos "adjudicando el contrato de suministro de aprobación del gasto y pago a una empresa, prescindiendo, a sabiendas, de las más elementales normas del procedimiento, puesto que firmó las resoluciones administrativas en contra el informe de la Intervención".

Al respecto, el órgano fiscalizador informó de la prohibición del fraccionamiento del objeto de contrato de suministros cuando la cuantía excede de 18.000 euros. "Se eludieron, por tanto, las normas imperativas por razón del total --procedimiento negociado sin publicidad-- y, en consecuencia, se evitó el control administrativo correspondiente al Pleno", apunta el escrito.

Tras ello, el importe de la subvención fue devuelto a la Junta a finales de 2011, a través de un procedimiento administrativo de compensación con la participación del Ayuntamiento en los tributos de la Comunidad, "sin generar perjuicio alguno a la administración".