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El fiscal retira la cárcel para el exembajador del Congo y este dice que fue "ejemplar" y denuncia la "vejación pública"

El abogado del Estado pide tres años de prisión y el fiscal reclama una "simbólica" inhabilitación para el diplomático ahora jubilado
El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira ha retirado los dos años de cárcel que solicitó para el exembajador del Congo Antonio Fernández Mazarambroz y ha dejado su petición en una condena a diez años de inhabilitación por autorizar visados de forma ilegal, una pena que ha calificado como "simbólica" puesto que el diplomático se encuentra jubilado.
En la última sesión de juicio, Fernández Mazarambroz ha aprovechado el turno de última palabra para mostrar su "profunda tristeza y perplejidad" por este proceso después de 38 años en la función pública. Con todo, ha defendido que siempre ha tratado de actuar de forma "ejemplar" y que, aunque ha podido cometer "errores políticos", nunca ha perpetrado ningún ilícito.
"Como todo el mundo me puedo confundir pero no se puede considerar motivo de delito. Me llevarán con los pies por delante (...) pero trataré de clarificar por todos los medios que mi actuación fue ejemplar", ha expresado, para denunciar la "vejación pública" a la que se ha visto sometido.
EL MUNDIAL DE SUDÁFRICA AUMENTÓ LOS VISADOS
El representante del Ministerio Público ha exculpado a Mazarambroz del delito de cohecho al considerarle únicamente culpable de un delito de prevaricación, castigado con diez años de inhabilitación para ejercer un cargo público y para ser elegido en unas elecciones. El abogado del Estado ha elevado a definitiva la pena de tres años de prisión y doce de inhabilitación.
Según el fiscal, el responsable de la legación de Kinshasa actuó en contra de "todo criterio, procedimiento administrativo y lo estipulado en las circulares" del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la hora de expedir de forma "arbitraria" los visados. A su juicio, la existencia de una "conspiración y una persecución" al acusado "cae por su propia base".
Por su parte, el abogado del Estado ha destacado que la Administración debe tener una "clara corrección" en sus actuaciones y "más si te dan un toque", como fue este caso en el que el Ministerio exigió al acusado extremar la verificación de los requisitos por parte de los solicitantes de asilo.
Finalmente, el abogado de la defensa, ejercida por José María Garzón, ha destacado que no existe "ni una sola prueba" que inculpe a su cliente y ha criticado que alguien pueda "manchar un expediente inmaculado" por un "error administrativo".
Ha justificado el incremento de visados en el intercambio comercial, la línea aérea directa a España o la victoria de nuestro país en el Mundial de Sudáfrica; mientras que ha pedido deducir testimonio del encargado de los Asuntos Consulares, José Luis Díez, después de que un testigo dijera haber sido presionado para declarar contra el exembajador.