El exinterventor de Crevillent (Alicante) denuncia "ley del silencio" en el Ayuntamiento con "múltiples irregularidades"

Urruticoechea se ha manifestado en estos términos durante la rueda de prensa ofrecida este martes en la que el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC) ha informado de su personación como acusación popular en el procedimiento que se sigue en el juzgado de Instrucción número 4 de Elche contra el alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, por posibles delitos de prevaricación y contra el medio ambiente.

El abogado encargado de la representación de la personación, José Antonio Espinosa, ha explicado que lo que pretenden es que se "impulsen" las diligencias que abrió la Fiscalía tras la denuncia en marzo de 2014 de los concejales del grupo municipal de EUPV/ERPV de Crevillent.

Así, ha recordado que el pasado 15 de septiembre el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Elche declaró "nula y contraria a derecho" la resolución que adjudicaba a la mercantil Abornasa el tratamiento de los residuos en el municipio. La sentencia declara "sin género de dudas que la planta era ilegal", además de alertar sobre los riesgos medioambientales.

Urruticoechea ha indicado que "la persecución" se generó cuando realizó en octubre de 2012 el "primer reparo" contra las facturas de Abornasa, aunque ha señalado que hay "50 informes de reparos y centenares de notas manuscritas de mejora de procedimiento" porque existen "asuntos muy gordos" con "fuertes irregularidades" en el consistorio crevillentino.

Entre ellos, ha citado la sentencia que ha anulado el contrato con la empresa FCC "que pretendía el Ayuntamiento", del que él había advertido de la ilegalidad de la planta que construyeron, "la unidad de actuación de Ramón Salvador, o el contrato de jardinería absolutamente ilegal".

Por su parte, desde el OCC están trabajando en una serie de medidas y propuestas legislativas para mejorar la ley y favorezca la labor de los interventores, como ha señalado el secretario de Coordinación del OCC, Luis Miguel Lorente.

En este sentido, Urruticoechea ha destacado "la protección normativa" y "amparo legal" a los funcionarios "con nombre" que denuncian, para que no tengan "estos castigos". Y ha añadido que quieren que los partidos políticos incorporen estas medidas en sus programas electorales de cara a las próximas generales del 20 de diciembre.

ORIHUELA

Por otro lado, el exinterventor de Crevillent en la actualidad desempeña su labor como funcionario del Estado en Orihuela desde hace casi dos años, donde también ha asegurado que "hay más de lo mismo". Al respecto, ha expresado su voluntad de marcharse en el próximo concurso de traslado para evitar una nueva situación de acoso, aunque ha advertido de que esta vez son "simples avisos premonitorios".

Por último, ha lamentado el retraso en los procesos judiciales de estos casos de corrupción y ha apuntado que la sentencia contra el alcalde de Castrourdiales --donde también ejerció como interventor-- ha salido 12 años después de presentar su informe, en octubre de 2003.