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El juez reclama información sobre las cuentas bancarias de un concejal, dos exediles y una asesora

El Juzgado de Instrucción nuevo 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa, ha acordado pedir información sobre las cuentas bancarias de las que sean titulares o aparezcan como autorizados el edil popular en el ayuntamiento Alberto Mendoza, los exconcejales Silvestre Senent y Juan Vicente Jurado y una asesora.
Así consta en una providencia del magistrado, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en la que también pide a una entidad financiera información sobre la cuenta bancaria de la mujer de otro de los asesores investigados, a quien además cita para que declare como testigo el próximo 15 de abril.
Por otra parte, el magistrado, en un auto, ha acordado el sobreseimiento provisional y parcial respecto a uno de los 48 investigados en la pieza separada abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia.
El magistrado, de conformidad con el criterio del fiscal, estima la petición del investigado y concluye que "resultando insuficientes, a la vista de lo actuado, los indicios de participación en los hechos" de ese investigado, debe acordarse el sobreseimiento provisional y parcial sobre él, que es marido de una asesora del grupo municipal popular también investigada en estas diligencias, según el TSJCv.
Con respecto a la secretaria del grupo municipal, imputada en la pieza principal del caso Imelsa y en la en la que se investiga solo el blanqueo de capitales, el titular de Instrucción 18 ordena que le sea devuelta parte de la documentación intervenida en el registro de su vivienda "por carecer de todo interés para la causa".
En total, en el caso Imelsa hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
En la pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones que presuntamente estos realizaron al partido para blanquear un dinero de procedencia ilícita.