Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El juez ve indicios de malversación en la compra de preferentes por el exalcalde del Valle de Egüés (Navarra)

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona estima que la compra de preferentes por un importe total de 100.000 euros por parte del exalcalde del Valle de Egüés Josetxo Andía podría ser constitutiva de un delito de malversación y de un delito societario.
Por ello, el magistrado ha dictado un auto en el que da por concluida la instrucción y emplaza al Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas a que en 10 días presenten sus escritos de acusación y soliciten la apertura del juicio. Esta resolución puede ser recurrida, según ha informado el TSJN.
En el auto, el juez expone que el 17 de marzo de 2011 el entonces alcalde del Valle de Egüés y presidente del consejo de Administración de la sociedad pública Andacelay, Josetxo Andía, "adquirió, sin someterlo a votación y ni siquiera comunicarlo a los miembros del Consejo de Administración o al pleno del Ayuntamiento del citado municipio, 100 participaciones preferentes de la serie A de la entidad Cataluña Caixa por un importe total de 100.000 euros".
Según añade, Andía conocía que "dicho producto tenía elevados riesgos de pérdida de la inversión, contratando igualmente una imposición a plazo fijo de un año, vinculada a la adquisición de las participaciones preferentes mencionadas, al tipo de interés nominal del 3,942 por ciento".
En el auto se recoge que en la fecha mencionada la Comisión Nacional del Mercado de Valores "ya había alertado de que las participaciones preferentes eran un instrumento complejo y de riesgo elevado que podía generar rentabilidad pero también pérdidas del capital invertido".
También a esa fecha, añade el juez, Cataluña Caixa ya "había recibido ayudas públicas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria como consecuencia del plan de reestructuración del sistema financiero español".
Según expone el magistrado, Andía era empleado en excedencia de la entidad, "de la que fue apoderado hasta el año 2003". Y el director de la oficina en la que se llevó a cabo la operación era "también concejal del mismo grupo político que el imputado en el Ayuntamiento del Valle de Egüés".
El juez determina en el auto que "el imputado no realizó procedimiento alguno para elegir este producto y no otros, de la misma o distinta entidad financiera".
Igualmente indica que "como consecuencia de la intervención europea en la economía española y la reestructuración de las entidades financieras 'nacionalizadas', entre las que se encuentra Cataluña Caixa, la sociedad pública Andacelay y en consecuencia el Ayuntamiento del Valle de Egüés, en cuyas cuentas anuales se integran las de la mencionada sociedad pública, ha sufrido una pérdida económica de 65.520,69 euros".