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El tribunal adelanta al 10 de junio el día en que la Infanta deberá estar presente en el juicio

El tribunal encargado de juzgar el caso Nóos ha adelantado finalmente al 10 de junio la sesión en la que las acusaciones deberán exponer sus conclusiones y anunciar si mantienen o modifican sus peticiones para cada uno de los inculpados. Ese día deberán estar presentes de forma obligatoria los 17 acusados que se sientan en el banquillo, entre quienes se encuentra la Infanta Cristina.
Ya el día 14 está previsto que sean las defensas las que den a conocer sus conclusiones -también deberán acudir los inculpados-. Mientras tanto, se ha fijado el 15 para el trámite de informes, en el que no será necesario que estén presentes los procesados.
Así lo ha anunciado este jueves la presidenta del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, Samantha Romero, quien ha aseverado que hasta entonces las partes tienen "tiempo más que suficiente" para determinar sus conclusiones definitivas.
Tras finalizar la sesión de este jueves, el juicio se reanudará el próximo martes, jornada en la que continuarán las periciales. Será el miércoles cuando se prevé que éstas finalicen con la comparecencia de varios agentes de la Policía Nacional. El día 9 se dará inicio previsiblemente a la prueba documental -si finalmente la fase de periciales hubiera terminado-.
Junto a la Infanta y su marido, Iñaki Urdangarin, también se encuentran acusados el exsocio de éste, Diego Torres, el expresidente del Govern Jaume Matas, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, la mujer de Torres y otros numerosos exaltos cargos de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para catorce de los acusados, 19 y medio de ellos para el marido de la Infanta y 16 y medio para Torres, a raíz del presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos de los que se habrían apoderado ambos exsocios a través de una compleja maraña de empresas ficticias con el Instituto Nóos como epicentro de la trama.
Por su parte, la hermana del Rey Felipe VI se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, una solicitud que formula el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales contra Cristina de Borbón.
La entidad considera que el papel de la Infanta fue imprescindible para que su marido defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon, y que constituía una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial urdido por Urdangarin y su exsocio.