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Afectados por el cierre de OGC llaman a ecuatorianos en España y Europa a unirse y reclamar

Los afectados por el cierre repentino de la empresa de paquetería OGC, especializada en envíos a Ecuador, llaman a toda la comunidad ecuatoriana damnificada en España y en los siete países de la Unión Europea donde la compañía tenía oficinas a unirse para reclamar de forma conjunta ante lo que consideran una "estafa" y un "delito flagrante" y frente al que ya han recabado el apoyo del embajador en España, Miguel Calahorrano.
En rueda de prensa en la sede de la Embajada del Ecuador en Madrid, un grupo de afectados han denunciado que la empresa, cerró sus oficinas el pasado sábado para no volver a abrirlas, dejando sin entregar las mercancías que miles de familias ecuatorianas en España habían enviado a su país de origen, envíos en muchos casos valorados en miles de euros y cuyos portes de entrega habían abonado por adelantado.
Según ha explicado el embajador Miguel Calahorrano, se desconoce de momento el número de afectados, pues OGC, gestionada por dos hermanos de nacionalidad ecuatoriana que están "en paradero desconocido" tenía sedes en Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Barcelona y Hospitalet de Llobregat, pero también en Bélgica, Reino Unido, Francia, Suiza, Alemania, Holanda e Italia.
"Con la experiencia que tenemos, creemos que lo primordial es que se organicen en una asociación, comité, plataforma o como ellos decidan y luego sean ellos el sujeto protagonista de la lucha. En ello, la Misión, con todos sus consulados y estamentos, les va a apoyar en todo lo que pueda en nuestro país con las autoridades y también con las de aquí", ha señalado Calahorrano.
La Embajada descarta personarse como acusación, aunque asegura que acompañará a su comunidad, que de momento ha constituido una plataforma de afectados, en todo el proceso. "Estamos dispuestos a apoyarles en su lucha porque ahora van a tener que ponerse a luchar para defender sus intereses. No es el primer caso. Es lamentable que haya empresas que a sabiendas de que nuestra comunidad es trabajadora y que sufre una serie de adversidades para abrirse camino, no tomen en cuenta el significado del esfuerzo que hacen", ha declarado.
Darwin Castro, portavoz de esta plataforma creada en las últimas 48 horas, explica que son muchos los afectados que han presentado denuncia de forma individual ante la policía, proceso con el que se ha conseguido que se precinte la nave industrial en la localidad madrileña de Villaverde donde se almacenaban mercancías de particulares que en teoría, iban a ser enviadas a Ecuador. El objetivo ahora es reunir a todos los afectados para denunciar de forma conjunta.
Asimismo, ha señalado a Europa Press que los afectados, que en muchos casos son ya de nacionalidad española, han acudido en primer lugar a la Embajada de Ecuador porque "la prioridad" es que se intervengan los 43 contenedores que sí llegaron a aquel país y que están bloqueados en el puerto de Guayaquil, donde la empresa no llegó a recogerlos. Si el Gobierno de Ecuador no toma medidas en este sentido, todas las pertenencias que contienen podrían ser sacadas a subasta.
UNA "ESTAFA"
Según explica Castro, la compañía, creada y registrada en España, llevaba operando entre dos y tres años en España y al principio "los envíos llegaban bien". "Ha sido en los últimos meses cuando se han empezado a producir demoras y problemas", ha señalado. La Embajada del Ecuador tenía por ello indicios de que "podían existir irregularidades" aunque no ha sido hasta ahora cuando han "tenido certeza", en palabras de Calahorrano.
La representante de la Defensoría del Pueblo Ecuatoriano en España, Miriam Ramírez, ha afirmado que se trata de "empresas que ofrecen precios por debajo del de mercado" y que dan un servicio de puerta a puerta sin presentar a ningún intermediario en el país de destino. El precedente para la comunidad ecuatoriana es el caso Vicza Express, otra paquetería con servicio "fantasma" que dejó cientos de afectados.
"Primero fue Air Madrid, luego Air Comet, luego Vicza y ahora OGC", ha lamentado Castro, quien tiene comprometidos dos envíos con mercancía por valor superior a los 2.500 euros y que, como el resto de los afectados, no sabe dónde están ni si podrá recuperarlos. Está seguro de que esto "es un delito de estafa" que sólo en Madrid toca a "más de mil familias" y explica que se ha llevado por delante además, a algunos trabajadores.
Dice que 17 personas trabajaban en la oficina de Madrid y después de aguantar tres meses sin cobrar, se han encontrado con el cierre. También ellos han denunciado.
Mónica Piedra, que lleva 24 años en España, tiene un envío por valor de más de 2.700 euros comprometido desde el mes de agosto. "Nunca llegó y yo llamaba y me decían que llegaba pero no había llegado. Estaban planificando el cierre ya", ha asegurado. Un día dejaron de cogerle el teléfono y así siguen, como añade Castro.
"No se cogen los teléfonos, no sabemos a quién recurrir. Llamamos a las autoridades competentes que hagan los tramites pertinentes y que llamen a los trabajadores, que tenemos los contactos, para que presten declaración. Esto ha sido premeditado", insiste. Pide que se ponga en busca y captura a los dos propietarios de OGC y que rindan cuentas en España, donde han cometido "el flagrante delito". El domingo se reúnen con el Cónsul.