La Asociación Mundial de Educadores Infantiles alerta del aumento de 'guarderías' ilegales en Canarias

En un evento celebrado en Breña Baja (La Palma), Juan Sánchez Muliterno, presidente de la ONG, ha anunciado el envío de una carta abierta a la consejera de Educación para proponer soluciones a esta problemática. Su objetivo es extender la petición a otras comunidades autónomas, ya que, según denuncia, este fenómeno se produce de forma general en toda España.

En la misiva, la AMEI considera indispensable una revisión legislativa para evitar el sistema dual de establecimientos que acogen niños de 0 a 3 años, al objeto de que todos sean educativos, con regulación y supervisión de la Consejería de Educación, como garantía de buen funcionamiento.

Para ello propone incluir una disposición transitoria en el decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta disposición transitoria debería establecer, según la AMEI, que todos los establecimientos que acojan de manera sistemática y regular a niños de entre 0 y 3 años se vean afectados por el Decreto.

Juan Sánchez Muliterno ha visitado Breña Baja tras certificar el centro Ping Pong ubicado en Los Llanos. "Dentro de nuestro programa de certificaciones tratamos de ayudar a los centros infantiles que cumplen con la normativa de educación y que respetan la seguridad e higiene de los niños, su desarrollo psicológico y emocional y una estrategia pedagógica que permita a los más pequeños encarar las siguientes etapas educativas con una buena base. Todos estos elementos quedan en entredicho en los centros que no cumplen con la normativa", señala.

El intrusismo profesional en la educación infantil es, para el presidente de la entidad, cada vez más común, y se presenta en forma de guarderías, ludotecas, madres de día y academias de idiomas que acogen a niños de 0 a 3 años sin contar con los permisos necesarios. Para Sánchez Muliterno, la responsabilidad recae sobre la administración pública, que no establece los sistemas de control necesarios en estos establecimientos. Este hecho conlleva también perjuicios económicos y laborales para los centros de educación infantil legales.

En el año 1990, la LOGSE derogó la enseñanza no reglada en el tramo de 0 a 3 años y la educación infantil quedó bajo la inspección de las autoridades educativas, en consonancia con las directrices marcadas por el Consejo de la Unión Europea. De esta manera, la ley obligaba a los centros que se autodenominaban guarderías o preescolar a solicitar autorización ante la administración educativa, quien exigía unos requisitos curriculares, de instalaciones y de profesorado.