El CICR subraya que continuará sus operaciones en Libia pese a suspender sus actividades en Misrata y Benghazi

La coordinadora de Comunicaciones del CICR en Trípoli, Soaade Messoudi, ha recalcado que las operaciones en el resto del país continuarán sin cambios. En declaraciones al diario 'The Libya Herald', Messoudi ha manifestado que la decisión de suspender las actividades en Misrata y Benghazi fue tomada contra la voluntad de la organización, pero que primó la consideración de la seguridad del personal.

"Seguimos convencidos de que la mayoría de la población libia apoya nuestra actividad humanitaria", ha dicho Messoudi, quien ha añadido que la organización trabaja en el país con el beneplácito del Gobierno y del Ejército. "No imponemos nuestra presencia aquí", ha recalcado.

Asimismo, ha apuntado que el CICR podría haber sido atacada por extremistas islamistas que consideren que se trata de una organización cristiana, aunque ha aclarado que se trata de una organización sin afiliaciones políticas ni religiosas y que el símbolo de la cruz roja está considerado por el Derecho Internacional como un símbolo de ayuda humanitaria, por lo que no tiene ninguna significación religiosa.

Por su parte, el Consejo Nacional de Transición (CNT) ha condenado este lunes el ataque contra la sede del CICR en Misrata y ha recordado que la organización opera en el país a petición de las autoridades libias.

Durante la guerra civil del pasado año que culminó con la victoria de los sublevados contra el régimen del coronel Muamar Gadafi, Misrata fue uno de los reductos en los que los rebeldes resistieron el embate de las fuerzas gadafistas. Durante ese tiempo el CICR prestó asistencia médica y repartió alimentos entre los civiles atrapados por los combates.

Tras los combates, múltiples milicias que se formaron durante el conflicto se han negado a someterse a la autoridad del CNT y a integrarse a las fuerzas de seguridad del país, haciendo sus reivindicaciones por separado y manteniendo bajo su control varias localidades del país. La comunidad internacional ha instado en varias ocasiones al Gobierno central a poner fin a la situación, que supone una amenaza para la estabilidad y la seguridad de Libia.