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Centros especiales de trabajo critican que la Generalitat amenaza el empleo de 6.000 personas por impago

La Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña (Fecetc) ha criticado este martes que las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones a estos centros amenaza el empleo de 6.000 personas en situación especial que trabajan en los 207 centros catalanes.
Según ha informado Col·lectiu Ronda este martes en un comunicado, la federación ha impugnado judicialmente las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en los centros especiales de trabajo que otorga la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat.
La federación ha criticado que algunas de las principales ayudas otorgadas a estos centros laborales que, anteriormente se concedían sin tener en cuenta el grado de discapacidad del destinatario final, ahora presentan "notables restricciones" y quedan reservadas a personas con discapacidades por encima del 65%.
A la práctica, la convocatoria puede suponer la supresión de todo tipo de subvenciones a casi 6.000 personas empleadas en los 207 centros especiales de trabajo de Cataluña que ostentan un grado de discapacidad inferior al 65%, ha insistido la federación.
Además, ha asegurado que los 207 centros catalanes sufren una situación "crítica y desesperada" por los impagos que acumula la Generalitat desde el pasado mes de enero.
Según ha explicado, la partida más afectada es la destinada a subvencionar la actividad de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional (Usap), integradas por psicólogos, pedagogos, docentes y personal de vital importancia.
Ha subrayado que es especialmente significativa es la limitación introducida a la principal línea de subvención de los centros especiales de trabajo y que representa una ayuda equivalente al 50% del importe del subvenciones de coste salarial (SMI).
Según el abogado del Col·lectiu Ronda Marc Vilar, la Generalitat vulnera el contenido de la normativa estatal en vigor que establece una ayuda a los centros especiales de trabajo equivalente al 50% de la SMI por sus empleados con cualquier tipología de discapacidad.
El presidente de la federación, Julio Martínez, ha subrayado que muchos de los 207 centros que actualmente existen en Cataluña podrían ver peligrar su viabilidad económica si se materializa definitivamente la supresión de las ayudas a discapacitados.