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Consejo de Europa insta a prohibir que los servicios sociales informen a las autoridades sobre inmigrantes irregulares

El Consejo de Europa ha instado a los Estados miembro a prohibir que los servicios sociales informen a las autoridades de extranjería sobre la situación de irregularidad administrativa de los inmigrantes a los que atiendan, a fin de prevenir que actores tanto de la Administración como del sector privado nieguen de manera efectiva a estas personas sus derechos fundamentales.
"Los Estados deben crear un cortafuegos para separar el trabajo que hacen los servicios sociales del que desempeñan en control de la inmigración las fuerzas de seguridad", ha afirmado la secretaria General del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, en Estrasburgo.
En este sentido, ha asegurado que "situaciones donde, por ejemplo, los médicos están obligados a informar sobre presuntos migrantes irregulares no deben dar lugar a una denegación de los derechos de estas personas en el acceso a la Sanidad".
Esta es una de las recomendaciones que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI, por sus siglas en inglés) ha remitido a los distintos Estados con el fin de apoyarles en la lucha contra la discriminación que sufren las personas que, de acuerdo a las legislaciones nacionales, no cumplen los requisitos para vivir en el país.
"Todos los migrantes, incluidos los que están en situación irregular tienen derechos fundamentales que deben ser garantizados en la ley y en la práctica sin discriminación mientras están dentro de la jurisdicción de un Estado miembro. Las personas tienen que ser tratadas como seres humanos al margen de su situación administrativa", ha destacado Jagland.
El presidente de la ECRI, Christian Ahlund, ha advertido, por su parte, del peligro de un aumento de la intolerancia y el racismo a partir de la criminalización de los migrantes irregulares en los servicios de asistencia. "Es altamente contraproducente para el desarrollo de los derechos humanos penalizar la solidaridad y desincentiva a los migrantes en situación irregular de acudir a los servicios, incluídas las urgencias médicas", ha afirmado.