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Gobierno y jueces abren una nueva ronda de negociaciones antes de la huelga

Las asociaciones judiciales y el Ministerio de Justicia han decidido hoy abrir un nuevo periodo de negociación antes de la huelga anunciada para el 26 de junio, ya que pese a que han conseguido avances en algunas materias no han logrado cerrar un acuerdo definitivo sobre las demandas de los jueces.
Los representantes del Ministerio y de los jueces han celebrado hoy la que en principio era la última reunión prevista en la ronda de conversaciones abiertas para negociar las reivindicaciones de la carrera judicial, en la que se han conseguido "avances significativos".
Así lo ha confirmado a Efe el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jose Antonio Ballesteros, quien no obstante ha precisado que ha habido "luces y sombras".
Entre las luces, Ballesteros destaca el acuerdo para que el juez pueda tener la última palabra sobre la agenda de señalamientos, que se ha recogido en una de las enmiendas pactadas por los grupos parlamentarios del Congreso en la tramitación del proyecto de ley para implantar la Oficina Judicial.
Por su parte, el portavoz de Jueces por la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, coincide en que este ha sido un avance "satisfactorio", ya que supone que ha habido un concierto de voluntades entre todas las partes aunque ha anunciado que seguirán en la negociación al no haber cerrado todos los asuntos pendientes.
Por ello, se ha acordado convocar nuevas reuniones para el 8 y el 16 de junio, antes de la huelga anunciada por las asociaciones judiciales para el día 26 de ese mismo mes, y que de momento se mantiene.
Según Gimeno, el resultado de esas reuniones será definitivo para decidir si esa huelga, que sería la segunda en la historia de la carrera judicial, se lleva a cabo o no.
El encuentro ha coincidido con el avance en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que desarrolla la implantación de la Oficina Judicial, que desde enero estaba atascado en el Congreso, y que se ha desbloqueado con un acuerdo de principios entre los grupos parlamentarios para presentar un paquete de enmiendas conjunto al proyecto.
En concreto, una de las enmiendas mantiene que sea el secretario judicial el encargado de fijar la fecha y hora de los juicios, como establecía la reforma, pero matiza que en caso de que la decisión no se ajuste a los criterios de organización o disponibilidad previstos en la ley, será el juez quien "decidirá sobre el señalamiento".