La Iglesia Católica ocultó abusos sexuales en la connivencia con el Estado irlandés

La Comisión presidida por la juez Yvonne Murphy expuso las conclusiones de un documento presentado públicamente por el ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern, el cual prometió hoy que los sacerdotes pederastas serán llevados ante la Justicia, al tiempo que calificó su "reino de terror", de "sistemático y calculado".

En esos mismo términos se expresó un "avergonzado y apenado" arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, tras conocer el escandaloso contenido del informe, de 700 páginas.

La connivencia entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado, entre ellas la propia policía y la Fiscalía, sirvió, dice el texto, para encubrir los esfuerzos de cuatro obispos dublineses por mantener el "prestigio de la iglesia, proteger a los pederastas y los bienes de la Iglesia, y evitar escándalos".

Sea como fuere, el Gobierno se ha visto obligado, por segunda vez en lo que va de año, a pedir perdón públicamente e insistir en que los años de "abuso y secretismo" han acabado, por lo que anunció que la versión completa del informe se publicará próximamente.

También el arzobispo Martin recordó que el abuso sexual de menores "es y siempre fue un delito en la ley civil y la canónica", así como un "pecado grave".

"Ofrezco a cada uno de los superviviente mis disculpas, pena y vergüenza. El hecho de que los abusadores eran sacerdotes representa una afrenta para el sacerdocio. Ninguna palabra de disculpa será suficiente", agregó el purpurado.

Durante tres años, la magistrada examinó más de 100.000 archivos relativos a denuncias presentadas por 450 personas contra 46 sacerdotes por hechos ocurridos entre 1975 y 2004, así como el manejo del escándalo por parte de diecinueve miembros de la jerarquía católica, entre ellos el cardenal Desmond Connell.

Algunos casos ya están en los tribunales y, por ese motivo, el texto ha visto la luz con una serie de cortes para no prejuzgar presentes o futuros casos penales.

Mientras el llamado "Informe Ryan" presentaba hace siete meses un catálogo de horrores cometidos por sacerdotes, monjas y personal seglar contra miles de niños en centros educativos públicos gestionados por la Iglesia, la Comisión sobre Abusos en la Archidiócesis de Dublín centra sus investigaciones en los mecanismos seguidos durante décadas por las autoridades para tapar lo ocurrido.

Sus conclusiones pintan ahora un cuadro más completo de una situación que, si bien ha acompañado a la sociedad irlandesa desde la creación del Estado Libre (1922), no explotó hasta bien entrada la pasada década de los 90.

Ya fuese por el deseo de la Iglesia por conservar su enorme poder o por el afán del Estado por contar con un instrumento de control para mantener la supuesta superioridad moral de un país joven frente a los vecinos protestantes de Irlanda del Norte y el Reino Unido, el caso es que la relación entre ambos se ha basado durante muchos años en vínculos casi mafiosos.

Así lo refleja el "Informe Murphy", al asegurar que la política y tácticas de ocultación de los dirigentes católicos se pueden resumir bajo la frase "no preguntes, no hables".

"Altos cargos de la Garda, incluido el Comisionado (Daniel) Costigan (máximo responsable) en 1960, consideraban que los curas estaban fuera de su alcance. Hay algunos casos en que los agentes, de hecho, informaban a la diócesis sobre denuncias en lugar de investigarlas", dice el texto.

Costigan, que dimitió en 1965, desobedeció el reglamento cuando llegó a comunicarse con el arzobispo de Dublín John Charles McQuaid para alertarle de que Scotland Yard investigaba a un sacerdote de la diócesis que había revelado fotografías de menores en el Reino Unido.

"La Comisión -explica el informe- no tiene duda alguna de que el abuso sexual clerical fue encubierto por la Archidiócesis de Dublín y otras autoridades de la Iglesia. Las estructuras y reglas de la Iglesia Católica facilitaron ese encubrimiento".

"Las autoridades del Estado -prosigue- facilitaron el encubrimiento al no cumplir con sus obligaciones y asegurar que la ley se aplicase a todos por igual, lo que permitió a las instituciones de la Iglesia mantenerse fuera del alcance del proceso legislativo normal".

Aunque la Comisión no halló pruebas de la existencia de una red organizada de pederastia en la Archidiócesis, detalló varios casos tan estremecedores como los recogidos en el llamado "Informe Ryan" del pasado mayo.

Un sacerdote, por ejemplo, admitió haber cometido abusos sexuales contra más de 100 menores, mientras otro confesó que, durante el ejercicio de más de 25 años de Ministerio, abusaba de menores cada "dos semanas".

En otra instancia, el informe denuncia que la policía irlandesa (la Garda) tardó 20 años en presentar cargos contra un sacerdote.