Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Magistrado del TSJM tacha de "inconstitucional" la legislación del CGPJ que evita la expulsión de inmigrantes

Propone crear una base de datos para que los jueces tengan acceso a todos los antecedentes de los inmigrantes ilegales
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) José Manuel Ruiz ha denunciado este jueves en Santander que el reglamento del Consejo General Poder Judicial (CGPJ) que permite que se interpongan medidas cautelares urgentes para evitar la expulsión a última hora de inmigrantes ilegales contra los que hay sentencias firmes "es inconstitucional".
"Si esta praxis es contra la ley, también añade que cualquiera pueda instar a la acción del juzgado, que adoptará medidas cautelares. Pero no caben medidas cautelares del juzgado de instrucción previas a lo Contencioso-Administrativo porque lo prohíbe la Ley. Lo que ocurre es que los letrados adoptan meras medidas cautelares sin interponer recurso y se acaba con una inadmisión directa", ha precisado.
De esta forma se ha referido a la "tan controvertida" acción de los jueces en juzgados de guardia, cuyo origen, ha incidido, tiene carácter "repentino" pero "no está en la Ley, está en un norma de rango reglamentario", con fecha de 16 de noviembre del 2007, según un acuerdo del CGPJ". "Esta norma excede absolutamente las atribuciones del CGPJ e incluye una serie de vicios con infracciones incluso de rango constitucional", ha insistido.
Este órgano, a juicio de este magistrado, estableció normas con competencias "que no le corresponden" que "obligan a adoptar medidas con carácter urgente y se remiten para la celebración de una comparecencia" del inmigrante ilegal que va a ser expulsado y del Abogado del Estado. Esta medida, ha asegurado Ruiz, "está superada por la Ley, que prevé la alternativa de la Audiencia Nacional".
"Esto debe ser un Estado de Derecho porque he visto y experimentado en primera persona las consecuencias de que no exista, la arbitrariedad y el abuso del poder. Y uno de los principios es la jerarquía de poderes. Este reglamento es contra ley abiertamente desde la última modificación del artículo 135.1 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo al respecto en el año 2011", ha zanjado.
LAS MEDIDAS CAUTELARES "GENERAN MOSQUEO" EN LA POLICÍA
Durante su intervención en el encuentro 'Retos del fenómeno migratorio en el siglo XXI. La trata de seres humanos para la explotación sexual', que se celebra esta semana en los Cursos Avanzados de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que ha tratado sobre las fisuras de la Ley de Extranjería, Ruiz ha recordado que este reglamento "tan mal redactado" tenía la intención de "subvenir una situación de urgencia de un extranjero que va a ser expulsado cuando no hay juez de lo Contencioso-Administrativo".
Ruiz, que ha afirmado que entiende que estas medidas cautelares "generen mosqueo y frustración" en los Policías porque ven "cómo todo su trabajo se viene abajo", ha alertado de los problemas a los que se enfrentan los jueces de lo Contencioso-Administrativo ante estas circunstancias, que según su opinión, generan problemas tanto para el Estado de Derecho como para los derechos fundamentales de los propios inmigrantes, a los que se les puede incluso "detener ilegalmente" durante el traslado del aeropuerto al juzgado.
"En ocasiones sucede porque los jueces somos muy malos, lo hacemos mal, no prestamos suficiente atención o no tenemos consciencia de las consecuencias de nuestra actuación. Nos equivocamos, no lo hacemos bien. Pero en otras ocasiones encontramos muchas trabas a la hora de dictar nuestra resolución", ha comentado Ruiz a este respecto.
Por todo ello, ha alertado de que "me parece extraordinariamente problemático, cuando no dudosamente aceptable en términos de lógica, que el precepto haga referencia a que la parte que lo inste aporte la tramitación necesaria" porque considera que "es un brindis al sol" debido a que al abogado no le da tiempo en tres días a presentar la documentación necesaria.
"Manolete, Manolete, si no sabes torear para qué te metes", ha llegado a decir el magistrado del TSJM, que ha aducido "al desconocimiento absoluto de la realidad" la redacción del reglamento del CGPJ porque, ha agregado, sus miembros "desconocen en su inmensa mayoría el historial y los antecedentes del ciudadano extranjero que va a ser expulsado".
"SI EL INMIGRANTE ENTRA EN ESPAÑA SE ACABÓ EL PROCEDIMIENTO"
Ruiz también ha criticado que "en este juego, en última instancia, se le pide a un juez que ejecute acciones de una materia distinta a la suya" en un tema "tan trascendente" como la tutelar judicial cautelar de los extranjeros, y ha recordado que cuando un inmigrante entra en España "se acaba el procedimiento" una vez que se le autoriza provisionalmente la entrada en el país.
Asimismo, ha criticado que según el reglamento del CGPJ se pretenda resolver la urgencia de las medidas "basándose en cuestiones de fondo como el arraigo" y ha conminado a que "se debe obligar al juez de guardia a pedir toda la documentación necesaria, no a dejarlo en su mano". "La norma es un mandato, es aquí donde está justificada la actuación del juzgado de guardia, pero al CGPJ se la ha olvidado incluir esa obligación", ha comentado Ruiz.
PONER A UN JUEZ EN LOS PUESTOS FRONTERIZOS
Por todos los problemas con los que se encuentran los jueces en este ámbito, tal y como ha denunciado Ruiz, este magistrado ha llegado a decir que "si todas las resoluciones de los policías fronterizos van a ser recurridas es mejor colocar directamente a un juez".
"Las fronteras es el ámbito más sensible, donde más peligro hay y donde menos control hay. Encontrar el debido equilibrio entre el control jurisdiccional y el que no se puedan recurrir todas las decisiones es imposible", ha lamentado.
Con este panorama, ha propuesto que se cree una base de datos en la que se inserten todos los antecedentes de los inmigrantes ilegales para que los jueces las tengan si las piden por teléfono cuando se enfrentan a este tipo de problemas, que es, ha recordado, a lo que obliga la ley. "No es tan difícil, de verdad", ha defendido Ruiz.