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Narbona pide no avanzar en los permisos del silo hasta que se solucionen "anomalías" y "dudas" del emplazamiento

La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear, Cristina Narbona, considera que el proceso de licenciamiento del almacén temporal centralizado de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado no debería avanzar porque el proceso tiene "anomalías" que deben ser "corregidas" igual que las "incertidumbres sobre el emplazamiento" elegido, que deberían ser "plenamente disipadas".
Así lo ha expresado la consejera en un voto particular emitido tras la decisión del pleno del CSN de aprobar --por cuatro votos a favor y uno en contra, el de Narbona-- una Propuesta de Instrucción Técnica (PDT) de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear sobre una directiva europea de EURATOM, que establece un "marco comunitario" para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.
Según el acta del Pleno, esta Instrucción Técnica (IT) que se remitirá a la Empresa Estatal de Residuos (ENRESA) es consecuencia del cumplimiento con dicha directiva que se deriva a raíz del accidente de Fukushima y que se refiere al alcance y a los análisis que se deben realizar para identificar los márgenes existentes y la identificación de mejoras potenciales en el diseño de la instalación frente a condiciones graves.
La IT implica que Enresa deberá realizar un estudio con una evaluación detallada de los sucesos que puedan tener consecuencias en el diseño estructural y que se deberán tener en cuenta en la fase del diseño del ATC.
De este modo, la consejera se ve "obligada a votar en contra" porque cree que la decisión del Pleno supone avanzar en el proceso de licenciamiento del ATC que, en su opinión, "adolece de graves problemas procedimentales en origen", sobre todo sobre la autorización del emplazamiento que autorizó el regulador atómico el 30 de julio de 2015.
También en aquella decisión Narbona votó en contra y emitió un voto particular en el que argumentaba que muchos de los informes técnicos de evaluación de la futura ubicación del ATC y algunas notas informativas de varias áreas de la dirección técnica de seguridad nuclear "alertaban con claridad" de la mala calidad de los terrenos elegidos en Villar de Cañas (Cuenca).
Asimismo, destacaba que incluso informes pedidos a una consultora estadounidense sobre la cuestión "certificaron con precisión los problemas identificados" en la parcela.
También discrepó de aquella aprobación porque aún seguía vigente el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) de 2006 a pesar de que ya se había transpuesto en 2014 la Directiva comunitaria que obligaba a actualizar y elaborar un nuevo PGRR "con mayores exigencias" de modo que se pueda garantizar la gestión "responsable y segura" de los residuos nucleares.
Del mismo modo, entonces expresó que era "inadecuado" informar positivamente el emplazamiento del ATC sin contar con "todas las garantías investigadoras y científicas necesarias". En su opinión, "lo razonable hubiera sido esperar a que culminaran los procesos de análisis del suelo que aún no se estaban desarrollando".
De hecho, Narbona subraya en su voto particular que en la propia PDT, el cuerpo técnico del CSN consideraba "imprescindible" que ENRESA realizara análisis y estudios como un plan de actividades complementarias para verificar las bases de diseño; un plan de medidas compensatorias que minimicen la posibilidad de acceso de agua al subsuelo del emplazamiento; un análisis de detalle de las medidas protectoras consideradas en el diseño y un programa específico de vigilancia del terreno.
La consejera critica que el objetivo de aquella decisión, la de julio de 2015 sobre el emplazamiento, tenía el "objetivo" del "legítimo deseo" de disponer "cuanto antes" de un emplazamiento para el ATC, pero estima que este deseo debió hacerse "compatible con un exquisito y escrupuloso respeto a los procesos reguladores, especialmente tras las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima, donde la actuación del regulador se desveló clave".
A sus discrepancias con el resto del pleno del pasado julio, ahora añade que en la última aprobación, todavía el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "no ha emitido aún" su declaración de impacto ambiental sobre el ATC, por lo que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tampoco ha concedido, seis meses después, la autorización de emplazamiento.
Por otro lado, cuestiona también que el informe del impacto radiológico del ATC para la declaración de impacto ambiental solo tiene en cuenta la operación normal de la instalación, mientras excluye las situaciones anormales y de accidentes que hipotéticamente pudieran afectar a la población circundante y a los trabajadores potencialmente expuestos.
Con todo, en su último voto particular, Narbona "llama la atención sobre lo anómalo de este proceso" y recuerda que la elaboración y aprobación del séptimo PGRR depende del Gobierno de España previo informe del CSN.
Finalmente, a este respecto, opina que es un "contrasentido" que ENRESA redactó y entregó al Gobierno en los primeros meses de 2014 su propuesta de PGRR, la cual advierte de la necesidad de actualizar las previsiones de residuos radiactivos así como las actuaciones relativas al ATC.